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Reglamento de Transporte Animal Europeo: catorce organizaciones ganaderas advierten sobre las graves consecuencias para el sector

Por Miriam PérezDirectora del área Cárnica

ANICE, ANPROGAPOR, Apromar, Asaja, Aseprhu, ASOPROVAC, AVIANZA, Cesfac, COAG, Cooperativas agro-alimentarias de España, Federovo, INTERCUN, UPA y Veteindustria se han dirigido a través de un comunicado al ministro Luis Planas para mostrar su preocupación ante los nuevos reglamentos europeos en materia de Bienestar y Transporte Animal, uniéndose para exigir al Gobierno de España que tome medidas al respecto.

El sector ganadero cárnico español vuelve a mostrar su preocupación ante los nuevos reglamentos europeos en materia de Bienestar Animal. En concreto, piden al MAPA, que se rechace el nuevo Reglamento Europeo relativo a la protección de los animales durante el transporte y las operaciones conexas, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1255/97 del Consejo y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1/2005 del Consejo.

En riesgo la sostenibilidad económica de las zonas rurales

Según el documento, “Las exigentes medidas del nuevo reglamento de transporte animal arriesgarían la sostenibilidad económica de muchas áreas rurales en territorios más desfavorecidos y despoblados, reducirían la diversidad cultural y beneficiarían los intereses de países que ocupan una posición privilegiada para el comercio de animales. Mientras se condenaría a los países periféricos (y a los territorios insulares) a una grave desventaja competitiva, que soportarían costes desproporcionados”.

Y tachan el reglamento como “una propuesta incoherente”.

Graves consecuencias para España

Las organizaciones firmantes han desarrollado seis motivos por los que esta nueva ley de transporte animal será una amenaza para la industria cárnica nacional:

1.  Impide el comercio justo y equilibrado entre los países miembros de la Unión Europea. Por efecto de la limitación de las horas de viaje y de las temperaturas permitidas para el transporte, los ganaderos españoles no podrían recibir animales para su cría de países donde se compran actualmente, ni tampoco exportar genética de alto valor al resto del mundo.

 2.  Carga administrativa sin precedentes. Las obligaciones recogidas en la propuesta de norma conllevan un coste administrativo, burocrático y de personal muy alto y muchas granjas no cuentan con medios para llevarlo a cabo y los más pequeños serán los más afectados.

3.  El sector de producción animal español sufre una clara discriminación por su situación geográfica y condicionantes naturales. En la propuesta de norma, las temperaturas y la diversidad geográfica de nuestro país nos condicionan y esta propuesta supone un agravio comparativo respecto a otras regiones europeas dadas las temperaturas medias de España.

4.   Trabajo nocturno. Las dificultades para transportar animales durante el día en períodos largos del año obligará a los trabajadores del sector ganadero y actividades conexas a trabajar más horas durante la noche. Esto implicaría que la producción animal tendría un coste mayor, más riesgos laborales, mayores dificultades para conciliar y un mayor riesgo para la seguridad vial, entre otros.

5. Disminución de las exportaciones. Si esta propuesta progresa, la capacidad exportadora de España se vería gravemente reducida. El impacto no afectaría únicamente a los ganaderos, sino también a la cadena alimentaria que depende de los productos de origen animal (industrias de transformación y despiece, principalmente, pero también a las fábricas de piensos y de insumos necesarios para la producción animal y de sus productos transformados, y a los transportistas de animales y sus productos).

6.  Inflación y disminución de los ingresos del Estado Si se aprobara el texto, el consumidor pagaría los incrementos de coste de producción de los productos de la cesta básica. Sería más caro consumir carne, huevos o pescado, especialmente para las personas con rentas más bajas de la población.

“Por todo esto, pedimos enérgicamente que la posición de España ante el Consejo sea la de rechazar la propuesta y exigir su retirada, oponiéndose frontalmente a la misma”, reza el documento, habrá que esperar a la reacción por parte del Ministerio que encabeza Luis Planas y que aún no se ha manifestado.

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