La Guardia Civil ha localizado en Guardamar (Alicante), en el marco de las labores de control de las explotaciones agrícolas y ganaderas, una explotación ovino-caprina clandestina.
Ante las faltas graves y muy graves detectadas, los agentes han levantado acta al responsable, que puede enfrentarse a sanciones de hasta 1.200.000 euros.
Inicio de la investigación
La investigación, tal y como explican los agentes, se remonta a finales del año pasado ante el hallazgo de varios cadáveres de ovejas en el azarbe que discurre por la localidad de San Fulgencio hacia la desembocadura del Río Segura.
Durante la inspección, los investigadores observaron que los animales carecían de crotal, el elemento plástico identificativo adherido a la oreja del animal, lo que les llevó a sospechar de la posible existencia de una explotación ganadera clandestina.
Tras comprobar varias explotaciones de la zona, los agentes localizaron oculta en unas antiguas instalaciones abandonadas dedicadas al ganado porcino, una explotación ilegal de ganado ovino-caprino.
Sanciones económicas de entre 3.001 a 1.200.000 euros
Durante la inspección de la explotación, la Guardia Civil comprobó que el ganado carecía de control zoosanitario, por lo que su consumo podría conllevar un grave riesgo para la salud humana.
Además, los restos de los animales hallados en la cuenca del río se pudieron relacionar con la explotación. Por estos motivos los agentes levantaron acta y dieron cuenta a la Conselleria de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana por la comisión de infracciones a la Ley 8/2033 de Sanidad Animal de la Comunidad Valenciana quedando los animales en depósito a su disposición.
El responsable de la explotación podría enfrentarse a faltas graves por la falta de comunicación de la muerte del animal de producción, falta de desinfección, desinsectación y cuantas medidas sanitarias se establezcan reglamentariamente y ausencia de la documentación sanitaria, y a faltas muy graves por dar a los animales destino para consumo humano y por omisión de los análisis, pruebas y test de detección de las enfermedades a que deban someterse los animales con destino a consumo humano.
Todas estas infracciones pueden conllevar sanciones económicas de entre 3.001 a 1.200.000 euros.
