De continuar la entrada en vigor del nuevo reglamento europeo en materia de transporte de animales vivos, desde AVIANZA advierten que no solo tendrá un “brutal impacto económico en la cesta de la compra de los españoles” sino que supondría para los productores una “una inversión inmediata de 361 millones de euros, solo el primer año para la adaptación de infraestructuras, transportes, etc., a lo que se sumarían 125 millones de euros anuales con motivo del incremento de viajes, personal adicional necesario, consumo de energía, etc. En total, 861 millones de euros en esta legislatura“. Un incremento, subrayan, que “de nuevo afectaría a toda la cadena de valor, especialmente la población en situación de vulnerabilidad económica”.
La modificación del Reglamento (CE) n.º 1255/97 del Consejo de la Unión Europea y la derogación del Reglamento (CE) n.º 1/2005 del Consejo busca “supuestamente busca el impulso del bienestar animal, pero en opinión de la Interprofesional del sector avícola de carne “ni lo mejora ni supone un beneficio en materia de sostenibilidad” y, además, de aplicarse, tendrá, aseguran, “un impacto negativo en ambos campos, especialmente para España”.
AVIANZA reitera su compromiso con el bienestar animal, la sostenibilidad y la seguridad alimentaria. Sin embargo, insta a que cualquier nueva regulación se base en datos concretos y un análisis riguroso del impacto real en el sector y en los consumidores.
Consecuencia del futuro reglamento
Desde AVIANZA consideran que la normativa “no ha tenido en cuenta al sector” y parte de una “implementación totalmente imposible”, que, en la práctica, añaden, abocaría a “la posible desaparición de miles de granjas y empresas productoras del sector de carne avícola y a la llegada de carne de pollo de países fuera de la UE que no cumplen los estándares mínimos”, advierten.
Todos estos datos se encuentran recogidos en el ‘Informe sobre el Impacto sobre el sector de carne avícola de la propuesta de Reglamento relativo a la protección de los animales durante el transporte y las operaciones conexas‘. que AVIANZA ha presentado en Valencia con motivo de la Conferencia Europea de Avicultura.
AVIANZA ya ha sido trasladado tanto a la Comisión Europea como al MAPA este profundo análisis en el que se detalla “las implicaciones desastrosas tanto para los consumidores, como el medioambiente de esta normativa, en contra de lo que dice pretender”.
Problemas en la sostenibilidad y bienestar animal
Entre otros aspectos, el informe destaca que la nueva normativa aumentaría las emisiones de CO2 en un 222 % y los viajes de transporte en un 65 %, “contradiciendo los objetivos de sostenibilidad de la UE”.
Además, la reducción del 43 % en la capacidad de carga por camión podría perjudicar el bienestar animal, aumentando el riesgo de lesiones durante el transporte. “Transportar a los animales con menores densidades equivaldría a generar huecos muy peligrosos en caso de frenadas, así como la normativa en materia de altura, que podría provocar caídas de animales levantados y rotura de extremidades. A modo de comparación, esta medida sería como quitar los asientos de un autobús para que las personas viajaran de pie por carretera, lo cual es a todas luces una auténtica temeridad”.
Actualmente, recuerdan desde AVIANZA, “las bajas en el transporte avícola en España ya son de por sí extremadamente bajas, con una media del 0,3 %”. Esta cifra, destacan, “indica que el actual reglamento ya garantiza un alto nivel de bienestar animal durante el transporte”.
Desde la Interprofesional consideran que “la propuesta no presenta un análisis de situación ni de impacto” y, aborda “un problema que no existe en la realidad del sector”.
Riesgo para la soberanía alimentaria
España es un exportador clave de genética avícola de alta calidad. En opinión de AVIANZA, las nuevas restricciones propuestas “pondrían en riesgo la capacidad de exportación, afectando la soberanía alimentaria tanto de la Unión Europea como de los países abastecidos”.
La Interprofesional cree que con la nueva normativa, “las empresas se verían obligadas a deslocalizarse fuera de la UE para mantener sus mercados, lo que también pondría en peligro la soberanía alimentaria europea. Desgraciadamente la deslocalización en realidad puede ser el paso para el cierre de empresas y la entrada de producción proveniente de otros mercados no sometidos a la regulación que se pretende aplicar”, lamentan.
