Las carnicerías, a través de CEDECARNE, se han unido a panaderías y pescaderías para reclamar al Gobierno una moratoria en la entrada en vigor de VeriFactu y un paquete de ayudas específico para el comercio de proximidad.
En un manifiesto conjunto, las tres organizaciones alertan de que el nuevo sistema de facturación puede poner contra las cuerdas a miles de pequeños establecimientos si no se adapta a su realidad tecnológica y económica.
Qué es VeriFactu y por qué inquieta al comercio cárnico
VeriFactu es el nuevo sistema de facturación electrónica que obligará a sociedades y autónomos a utilizar programas certificados y a enviar la información de sus facturas a la Agencia Tributaria de forma segura y prácticamente inmediata.
CEDECARNE comparte el objetivo de transparencia fiscal, pero subraya que la mayoría de las carnicerías y pollerías son microempresas o autónomos con muy pocos recursos humanos y económicos. Además, muchas veces estos establecimientos cuentan con una fuerte brecha digital y no disponen de departamentos propios de administración o informática.
Según el manifiesto, la implantación de VeriFactu tal y como está planteada implicará:
- Costes de adquisición de software y equipos informáticos.
- Necesidad de asesoramiento técnico continuo.
- Tiempo adicional para gestión administrativa en negocios ya muy ajustados de personal.
Moratoria y trato diferenciado para los pequeños comercios
Las organizaciones proponen que la implantación de VeriFactu se haga de forma gradual y con criterios de proporcionalidad. Sobre la base de la experiencia del sistema TicketBAI en el País Vasco, reclaman:
- Una moratoria mínima de dos años para el comercio de proximidad, incluyendo carnicerías, charcuterías y pollerías.
- Exoneraciones para autónomos mayores de 60 años sin personal a su cargo, que siguen al frente de muchos establecimientos tradicionales.
- Flexibilidad para colectivos vulnerables, con prórrogas o condiciones especiales para negocios con baja capacidad tecnológica o económica.
El documento incide en que «no se puede tratar igual a una gran empresa que a una carnicería de barrio» y pide que la normativa tenga en cuenta el tamaño y la estructura de estos negocios.
Un plan de choque para facilitar la adaptación
Además de la moratoria, CEDECARNE y el resto de firmantes plantean un auténtico plan de choque, con tres líneas de actuación: apoyo económico, apoyo técnico y formación.
Entre las medidas económicas, el manifiesto propone:
- Subvenciones para la compra de software y hardware de facturación.
- Deducciones fiscales en IRPF o Impuesto de Sociedades ligadas a la inversión en VeriFactu.
- Líneas de financiación bonificadas para acometer la adaptación tecnológica.
En el plano técnico y formativo, las organizaciones reclaman:
- Guías prácticas específicas para microempresas del comercio de alimentación.
- Servicios de acompañamiento digital a través de asociaciones sectoriales.
- Cursos gratuitos, presenciales y online, para propietarios y personal de tienda.
El objetivo es que la digitalización “no se convierta en una barrera de salida” para negocios viables que prestan un servicio esencial en barrios y pueblos.
Referencia a otros modelos europeos
El manifiesto recuerda que otros países están optando por calendarios más largos y escalonados. Cita el caso de Francia, donde se prevé una fase piloto en 2026 y la obligación progresiva según el tamaño de empresa, dejando más margen a pymes y microempresas e incluso apuntando a una armonización europea en torno a 2028–2030.
Por ello, CEDECARNE, CEOPPAN y FEDEPESCA piden que España adopte una implantación flexible de VeriFactu hasta 2028, con exenciones, ayudas y acompañamiento específico para el comercio de proximidad.
El mensaje que lanzan al Gobierno es claro: modernizar la facturación sí, pero “sin dejar atrás” a las carnicerías y al resto de pequeños establecimientos que sostienen el tejido comercial y el abastecimiento diario en barrios y municipios.
