ASFAC (Asociación Catalana de Fabricantes de Alimentos Compuestos), CESFAC (Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales), ACCOE (Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España), La Llotja de Cereales de Barcelona y AECEC (Asociación Española de Comercio Exterior de Cereales y Productos Análogos) reivindican la necesidad de una solución a corto plazo al conflicto de la estiba en Tarragona.
Desde mediados de 2022, los integrantes de la cadena agroalimentaria han mantenido diferentes reuniones con los principales agentes implicados con el objetivo de que la situación de los estibadores no llegue ni afecte al bienestar de los animales ni de los consumidores. Especialmente, ante las previsiones de este 2023 en cuanto a la cosecha española de cereales que apuntan a una reducción del 50 %, por lo que las necesidades de importación se incrementarán.
Sin embargo, la directora de ASFAC, M. Carme Soler, lamenta que “el conflicto no esté resuelto y que no haya habido ninguna acción contundente”. En concreto, la asociación critica la falta de personal y las preferencias de asignación de personal portuario que han dejado los productos agroalimentarios como última prioridad de la estiba. “Este ‘convenio interno’ supone que otros productos (coches, papel, siderúrgico…) pasen por delante a la hora de descargar”.
Actualmente, constata, “no existe ningún acuerdo entre las empresas estibadoras y los trabajadores portuarios que permita resolver el conflicto laboral. Al mismo tiempo, las 130 personas que trabajan son insuficientes para cubrir las necesidades del Puerto de Tarragona, uno de los más importantes del Mediterráneo por el ámbito agroalimentario internacional. Es más, si a finales de 2022, los trabajadores ya habían alcanzado sus horas laborales anuales, este año coincidirá la llegada masiva de barcos con el período vacacional de verano de gran parte del personal”.
Añadido a esto, el sector también ha querido mostrar su “preocupación por la situación de los servicios de inspección en el puerto de Tarragona”, dependientes de los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Sanidad, “donde el horario y los despachos de barcos no van acorde con la nueva realidad del puerto”.
Por otra parte, también señalan que la decisión de algunas importadoras de cereales de cambiar el destino de sus barcos por las demoras significa “una disminución competitiva del Puerto de Tarragona, así como mayores costes para los fabricantes de piensos y toda la cadena posterior. Además, algunos importadores se han visto en la obligación de trasladar los costes de las demoras a los precios finales de compra. Por tanto, toda la materia prima que llega al Puerto de Tarragona lleva añadida el ‘peaje’ del conflicto laboral”, lemantan.
Junto con las malas condiciones meteorológicas en Europa, por lo general, las necesidades de importación de grano para la alimentación animal han aumentado por la falta de producción estatal.
Un año y medio de conflicto
Desde principios de 2022, explican, se está viviendo un conflicto laboral en el Puerto de Tarragona a raíz de la liberalización de la estiba portuaria. Esta situación ha provocado “mucha tensión en un posible desabastecimiento de piensos para los animales, principalmente de las zonas de Cataluña y Aragón”.
Además, “no sólo ha comportado importantes sobrecostes a los importadores, ya que la demora en las descargas de los barcos que transportan cereales y oleaginosas ha provocado que las empresas tuvieran que pagar una cantidad adicional a los armadores por los días extra anclados en las entradas del Puerto, sino incluso, algunos barcos han optado por desviarse a otros puertos cercanos donde poder descargar”, constatan, y que ha venido a agravar los sobrecostes derivados de la guerra en Ucrania, la crisis de precios y la meteorología adversa.
Piden una pronta respuesta
Las asociaciones que firman el documento piden a los distintos agentes implicados en el sector que actúen para dar respuesta al conflicto de la estiba.
Durante este tiempo, “la Autoridad Portuaria ha mantenido una posición neutral, de árbitro”, expone M.Carme Soler. Por eso, “con la voluntad de disminuir las consecuencias inminentes, instamos a la administración general y a las autoridades competentes para obtener una solución a corto plazo que mejore la situación entre los estibadores y los trabajadores del puerto”.
“Concretamente, habría que llegar a un acuerdo antes de agosto, que es cuando llegarán las nuevas cosechas; aumentar la plantilla del personal portuario, eliminar el ‘convenio interno’ que prioriza la asignación de los estibadores a determinados productos y mejorar la capacidad horaria de los servicios inspectores del Puerto de Tarragona. A largo plazo, será necesario incrementar la eficiencia y el horario de los trabajadores, así como facilitar tanto la formación como las prácticas (800 horas) que garanticen una rápida y eficaz incorporación de trabajadores”, constatan.
“Somos conscientes de los últimos movimientos por parte de empresas y trabajadores, y las noticias parecen buenas, pero hasta que no se haya firmado, sepamos en qué condiciones queda todo y pasen algunos días donde se pueda ver la auténtica operativa, no vamos a poder estar tranquilos ante un conflicto que puede afectar a toda la cadena agroalimentaria”, apuntan.
Un conflicto que afecta también al precio de los alimentos
Las entidades que firman el documento advierten que el conflicto no sólo perjudica a las empresas del sector, también incrementa el precio de los alimentos, teniendo en cuenta las previsiones de producción agroalimentaria en España:
Cooperativas Agroalimentarias prevé una cosecha de 9 Mt, cifra que supondría un 48,5 % menos de lo recolectado el año pasado.
Las de ACCOE (Asociación de Comercio de Cereales y oleaginosas de España), prevén un descenso del 50,22 % respecto al año anterior con 7,3 Mt, mientras que ASAJA plantea uno de los peores escenarios con sólo 5 Mt de producción de cereales y una reducción del 65 % respecto al año anterior.
Sin embargo, las previsiones de este 2023 en el Puerto de Tarragona son las siguientes:
- Previsión de importación de 600.000 toneladas mensuales
- Previsión de circulación de 900 camiones diarios
- Necesidades de descarga de un panamax (60.000-70.000 toneladas aprox) cada dos días
Ahora mismo, constatan, “los precios de descarga y almacenamiento en el Puerto de Tarragona, casi se han doblado, pasando de los 7-8 €/t a los 14-15 €/t”.
