El Comité Permanente de Plantas, Animales, Alimentación y Piensos de la Unión Europea ha autorizado por unanimidad la propuesta de nueva zonificación en el área afectada por la peste porcina africana (PPA) presentada por España.
En base a este importante acuerdo, que fue el tema central durante la reunión de la mesa sectorial del porcino celebrada el pasado viernes, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación elaborará un programa que permitirá a las granjas situadas en estas zonas retomar el movimiento de animales y productos, siempre y cuando cumplan con determinadas medidas sanitarias.
Adiós a los radios circulares: así es el nuevo mapa
La nueva fijación de zonas abandona el diseño circular inicial y pasa a establecerse en función de zonas administrativas (municipios) y accidentes geográficos. El nuevo mapa, que adopta una forma más irregular aunque en su parte más delgada comprende 20 kilómetros, contempla dos áreas diferenciadas con sus propios requisitos y medidas:
- Zona uno (de vigilancia): Áreas donde no se han producido casos.
- Zona dos: El área que comprende los focos detectados de la enfermedad.
Este diseño sustituye a las restricciones establecidas a finales de noviembre tras detectarse el primer caso en Cerdanyola del Vallés (Barcelona), que consistían en una zona de alto riesgo en un radio de 6 kilómetros, y un área de menor riesgo de 20 kilómetros que fue perimetrada y vallada para labores de control.
Control en la naturaleza y cero granjas afectadas
Durante la mesa sectorial, presidida por la secretaria general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria, Ana Rodríguez, se detallaron las labores de control centradas en la fauna silvestre, el establecimiento de vallados y la reducción de las poblaciones de jabalíes.
La buena noticia es que todos los casos se siguen produciendo exclusivamente en fauna silvestre, sin que se hayan visto afectadas explotaciones de porcino. Hasta el momento, el balance es de 31 focos y un total de 162 jabalíes muertos. Todos ellos se concentran dentro del área perimetrada de 20 kilómetros, afectando a siete municipios: Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Terrassa, Rubí, Molins de Rei y Sant Feliu de Llobregat.
El impacto en el mercado: fuerte caída del precio
A pesar del éxito en la contención del virus fuera de las granjas, la reunión evidenció el duro impacto económico del brote. Aunque en 2025 la producción española alcanzó cifras provisionales récord con 5,3 millones de toneladas y 56,3 millones de cabezas sacrificadas, los precios han sufrido un importante revés desde la declaración de la enfermedad en noviembre.
En la semana 5 de este año, la cotización para las canales de clase E se situó en 1,285 €/kg. Este registro representa un desplome del 32,94 % respecto a la misma semana del año pasado y se sitúa un 26,13 % por debajo del precio medio de los últimos cinco años.
Preocupación en el sector: críticas a la gestión y riesgo de “alemanización”
A pesar de la nueva zonificación, el descontento en el sector es palpable. La Junta de Precios del Cerdo Cebado de Mercolleida, que agrupa a 16 de las empresas más representativas del país, ha emitido un comunicado expresando su gran preocupación por la gestión de la epidemia en Cataluña, concretamente en el control de los jabalíes.
Desde la entidad denuncian que la aparición reciente de tres casos positivos fuera del perímetro inicial de 6 kilómetros demuestra que las medidas actuales “no son lo suficientemente efectivas”. Recuerdan que ya el 4 de diciembre de 2025 solicitaron la máxima celeridad en el sacrificio de jabalíes en el radio de 20 kilómetros y el vaciado de granjas en la zona infectada, lamentando que casi tres meses después “se ha avanzado poco”.
Mercolleida advierte de las graves consecuencias para el tejido productivo y laboral de Cataluña, donde el porcino es el tercer sector económico. Además, alertan del peligro de sufrir una “alemanización” de la crisis.
Alemania lleva más de cinco años luchando contra la PPA, lo que ha provocado en ese país una caída del 25 % de su producción y el cierre de unas 5.000 explotaciones desde 2020. Por ello, exigen a la Administración medidas “realistas sobre el terreno” centradas en el principal vector de contagio: los jabalíes salvajes.
