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Aragón blinda su sector porcino con medidas urgentes contra la Peste Porcina Africana

Por Beatriz DeparesResponsable de contenidos de Cárnica

La detección de Peste Porcina Africana (PPA) en jabalís de Cataluña ha disparado las alarmas en Aragón. Ante la amenaza real de que el virus cruce la frontera, el Gobierno autonómico ha decidido blindar su sector porcino, un motor económico estratégico para la comunidad, con la aprobación de un nuevo decreto ley.

La nueva normativa busca reducir drásticamente la población de jabalís. Para lograrlo, el Ejecutivo autoriza el uso excepcional de visores térmicos acoplados al arma. Los cazadores podrán utilizar estos dispositivos en aguardos y esperas. La ley también permite el empleo de cercados de red tipo nasa para capturar ejemplares vivos.

Los cotos de caza, tanto deportivos como municipales, deben incrementar la presión cinegética. Además, la Dirección General de Caza podrá autorizar batidas en zonas no cinegéticas y vedados sin necesidad de supervisión oficial presencial en ciertos casos.

Incentivos económicos

El decreto establece un sistema de subvenciones para fomentar estas capturas. La Administración pagará 30 euros a los titulares de los cotos por cada jabalí abatido. Asimismo, los centros de recogida de carne de caza recibirán 25 euros por animal entregado.

Protocolo ciudadano y bioseguridad

La norma prohíbe terminantemente el contacto con animales sospechosos. Cualquier persona que encuentre un jabalí muerto en el campo debe seguir estos pasos:

  • Llamar inmediatamente al 112.
  • No manipular el cadáver bajo ninguna circunstancia.
  • Mantener una distancia de seguridad de cinco metros.
  • Geolocalizar y señalizar el lugar del hallazgo.

La empresa pública SARGA gestionará la recogida y eliminación segura de los cadáveres. Los métodos autorizados incluyen el transporte a plantas especializadas, el enterramiento con cal viva o la incineración.

Sanciones severas

El incumplimiento de estas medidas conlleva multas importantes. Las autoridades calificarán las infracciones como graves, con sanciones de 3.000 a 10.000 euros. Si la infracción provoca la propagación de la enfermedad, la multa ascenderá hasta los 100.000 euros.

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