La Agrupació de Societats de Caçadors i Pescadors de Catalunya (Agrupcat) ha emitido una alerta urgente denunciando la precariedad de los protocolos impuestos por el Govern para controlar el brote de Peste Porcina Africana (PPA). El colectivo advierte que la falta de bioseguridad y el vacío legal podrían acelerar la expansión de la enfermedad en lugar de frenarla, y califica la gestión actual de “temeridad”.
Desde el fin de semana del 7 y 8 de febrero, la Generalitat de Catalunya ha autorizado realizar en la zona de bajo riesgo (de 10 a 20 kilómetros del foco) batidas para reducir la población de jabalís. Estas actuaciones exigen a los grupos de caza, según denuncia Agrupcat, ejercer funciones de control sanitario sin la protección adecuada.
El protocolo de la Generalitat, “una barbaridad”
El protocolo de Agricultura obliga a que, en cada batida, un cazador extraiga sangre de la órbita ocular y la axila de los animales abatidos utilizando agujas de 8 centímetros. Agrupcat denuncia que esta responsabilidad sanitaria recae sobre “personas inexpertas” cuya única formación ha sido “una presentación de PowerPoint de 30 minutos”.
Todo ello, equipados únicamente con “guantes de vinilo, papel de cocina y bolsas de plástico”. Una equipación que consideran insuficiente para garantizar que no haya contacto con fluidos infecciosos, critica Enric Vélez, presidente de la entidad y médico de familia.
A la falta de formación técnica se suma una logística que el colectivo tilda de alarmante. Los cazadores reciben packs con botes de extracción y “bolsas isotérmicas, similares a las utilizadas para llevar congelados o buscar pescado” para manejar material biológico.
Lo más grave es la ruptura de la cadena de bioseguridad: “La nevera la tienes que poner tú”, denuncia el presidente de la entidad.
El protocolo obliga a los voluntarios a custodiar las muestras de sangre en sus propios domicilios durante todo el fin de semana hasta entregarlas el lunes. Una exigencia, recalca, que obliga a los ciudadanos a convivir en sus hogares con sangre potencialmente infectada de un virus letal para la ganadería.
“Una barbaridad aséptica”
Vélez, que además de cazador es médico de familia, se muestra atónito ante el contraste entre los protocolos sanitarios y la realidad del monte. “Nosotros miramos la asepsia con lupa, con guantes estériles y mascarillas, y aquí vemos una aberración: grupos cargando animales hasta los contenedores con ropa de calle y extracciones precarias”, señala. “¿Cómo es posible que el Ministerio no intervenga ante esta gestión?”, se pregunta, calificando la situación de “incoherencia brutal”.
Según explica Vélez, los animales abatidos a lo largo del fin de semana se depositan en estos contenedores y no se recoge hasta, teóricamente, el lunes. Aunque, en su opinión, ante este “virus tan letal, creo que las condiciones han de ser de extrema pulcritud”. Y es que, según denuncia, durante el primer fin de semana de las batidas hubo un contenedor que no se recogió hasta el viernes siguiente, por lo que los cadáveres estuvieron casi una semana descomponiéndose en una zona de paso. La explicación que recibieron desde las autoridades es que “había mucho barro y que los análisis posteriores dieron negativo”, algo que ha indignado al colectivo.
La alarma ha aumentado este fin de semana tras la detección de dos jabalís infectados fuera de la zona de seguridad de 6 km, justo en el área de bajo riesgo donde operan los cazadores. “Es factible encontrar más animales enfermos y que acabemos manipulando el virus con estas medidas precarias”, advierte Vélez.
Riesgo de dispersión y vacío legal
Agrupcat también cuestiona la logística de eliminación de los cadáveres. Los animales son recogidos por camiones que deben “atravesar media Cataluña” hasta el punto de incineración, lo que podría convertir el operativo en un vector de diseminación de la PPA.
Finalmente, el colectivo exige aclarar su situación jurídica ante el silencio de los Colegios de Veterinarios. Plantean si estas prácticas constituyen “intrusismo profesional” y preguntan qué aseguradora cubriría los daños en caso de accidente. Su mayor temor es la responsabilidad penal: “¿Podrán ser los cazadores investigados como corresponsables si la enfermedad se extiende por estas actuaciones?”, concluyen.
No entiendo porque no se está aplicando el vacío sanitario en la zona afectada o hay algún problema? Cuando encuentran la lengua azul o otras enfermedades arruinan a los ganaderos ahora a quienes están protegiendo no lo entiendo.