La Guardia Civil ha detenido a una persona e investiga a otras nueve (algunas de ellas, con antecedentes por hechos similares investigados en la Operación ‘Paola’) como presuntos autores de los delitos de estafa, falsedad documental, contra la salud pública y los consumidores, relacionados con la comercialización fraudulenta de productos cárnicos curados, principalmente de ibéricos.
En total son 7 las empresas dedicadas a la comercialización de productos cárnicos relacionadas en las acciones delictivas, ubicadas en las provincias de Badajoz, Salamanca, Madrid y Murcia.
En la denominada Operación ‘Guisima II’, llevada a cabo conjuntamente con los veterinarios del Servicio Extremeño de Salud, se han inmovilizado 29.000 piezas, valoradas en más de 1.000.000 de euros, de las que más de 19.600 son perniles de cerdo (dentro y fuera de la normativa de ibérico), que serán destruidas al considerarlas un riesgo para la salud de los consumidores por carecer de garantías sanitarias y no salvaguardar la seguridad alimentaria.
A los responsables, se les ha instruido diligencias penales al considerarles autores de delitos de estafa, falsedad documental, contra la salud pública y los consumidores, y han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción de Zafra.
La operación se inició cuando agentes de la Guardia Civil del Seprona de Hornachos, junto con los veterinarios del Área de Salud de Llerena-Zafra, inspeccionaron un establecimiento de alimentación del municipio pacense de Zafra.
En esta inspección se pudieron detectar numerosas anomalías en productos cárnicos, principalmente en paletas, jamones y sus derivados (centros, loncheados, etc…), observando graves deficiencias en la trazabilidad que impedía acreditar su origen legal. Género que además, se hallaba almacenado junto a subproductos animales no destinados al consumo humano.
Ante las sospechas de que la citada empresa pudiera estar incurriendo en un supuesto ilícito penal, con las gestiones practicadas por el Equipo de Investigación del Seprona de Badajoz, se pudo constatar la comercialización ilegal de estos productos alimenticios con trazabilidad confusa, carentes de etiquetas y registros sanitarios, con precintos de normativa de ibérico violentados o colocados de forma irregular.
Circunstancias estas que ofrecían dudas en relación con la posibilidad de encontrar y seguir el rastro de los mismos, a través de las diferentes etapas de su comercialización, como obligan los Reglamentos (CE) 178/2002 y 931/2011.
Una vez examinados los datos de la documentación facilitada por la empresa, comprobaron también numerosas irregularidades en su cumplimentado, con información incompleta, alteración de marca comercial de los productos y falsificación de documentos mercantiles que supuestamente amparaban transacciones comerciales no realizadas o que habían sido devueltas por clientes que alegaban el mal estado para su consumo.
