El Gobierno y el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) alcanzaron esta madrugada un acuerdo tras más de 12 horas de negociación para tratar de poner fin al paro de transportistas iniciado el pasado 14 de marzo. Pese a ello la Plataforma Nacional Defensa Sector del Transporte, convocante del paro, ha señalado que no van a desconvocarlo “hasta conseguir que se sienten con nosotros y se comience hablar de los verdaderos problemas del transporte”.
Desde sus redes sociales, la Plataforma señala que las medidas acordadas “para nada van a erradicar los auténticos problemas que tenemos, descuentos y ayudas que no evitarán que sigan abusando en precios ruinosos hacia los transportistas de base”, manifiestan. Y concluyen diciciendo que después de 12 días “no vamos a tirar la toalla, ahora o nunca, si de esta no sale habremos muerto profesionalmente”.
Las medidas acordadas entre Gobierno y CNTC son las siguientes:
- Bonificación mínima de 20 céntimos por litro o kg (gas comprimido) de combustible (15 céntimos del presupuesto público y un mínimo de 5 céntimos de las petroleras). Se aplicará al gaóleo, gasolina, gas y adblue. Esta bonificación supondrá más de 600 millones de euros para el sector del transporte.
- Ayudas directas por un importe de 450 millones de euros para las empresas de transporte de mercancías y de viajeros en función del tipo de vehículo. La cuantía será de 1.250 euros por camión; 950 euros por autobús; 500 euros por furgoneta; y 300 euros por vehículo ligero (taxi, VTC y ambulancias). La cuantía tendrá un límite de 400.000 euros por empresa.
- Ampliación de plazo de vencimiento de los créditos avalados por el ICO hasta 8-10 años. Ampliación del periodo de carencia de los créditos avalados por el ICO en 6 meses y nueva línea de crédito avalado por el ICO con 12 meses de carencia.
- Duplicar el presupuesto para las ayudas al abandono a la profesión de transportista, que pasará de 10 a 20 millones de euros en 2022.
- Antes del 31 de julio el MITMA presentará al CNTC un texto de proyecto de ley para aplicar al sector del transporte de mercancías por carretera los principios de la ley de la cadena alimentaria para asegurar una utilización justa de la subcontratación y la rentabilidad del trabajo en el sector, para posteriormente presentarlo al Consejo de Ministros.
