El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha desestimado el recurso contencioso-administrativo presentado por una granja ubicada en Quintanar de la Sierra (Burgos) contra la resolución de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), que imponía a la explotación ganadera una multa de 10.000,01 € y una indemnización de 6.544,80 € por daños al dominio público hidráulico.
La sanción, inicialmente impuesta en febrero de 2022, se derivó de un vertido no autorizado de purines al arroyo Valdejaramillo, afluente del río Valparaíso, como resultado del rebose de una balsa de purines.
Además de la sanción económica, la granja deberá implementar un protocolo de emergencias para evitar futuros incidentes, en línea con las recomendaciones del Código de Buenas Prácticas Agrarias y el Decreto 4/2018, que regula las condiciones ambientales de las explotaciones ganaderas en Castilla y León.
La granja había solicitado la anulación o reducción de la sanción, alegando falta de proporcionalidad y vulneración del principio de presunción de inocencia. Sin embargo, el tribunal consideró probados los daños y subrayó que la sanción fue la mínima prevista por la ley, desestimando el recurso en su totalidad.
La sentencia también condena a la granja al pago de las costas procesales, aunque deja abierta la posibilidad de interponer un recurso de casación.
