Facua, que actúa como acusación particular en el caso Magrudis, ha solicitado la expulsión del Ayuntamiento de Sevilla como acusación particular al considerar que hay un conflicto de intereses y su actuación supondría un quebranto a la buena fe procesal que podría enmascarar un auténtico fraude de ley o fraude procesal, incompatible con el artículo 24 de la Constitución Española en perjuicio de todas las víctimas.
Esta solicitud surge después de que el Consistorio haya presentado su escrito de conclusiones provisionales en el que pide el archivo del caso contra la veterinaria imputada, María José O.B.
La asociación considera que tal solicitud de sobreseimiento se explica en el hecho de que esta persona es una funcionaria municipal, lo cual podría terminar extendiendo su responsabilidad civil hasta el propio Ayuntamiento de Sevilla en caso de que fuera condenada.
Asimismo, el consistorio, que actúa a la vez como acusación y defensa, también pide sobreseimiento para sí mismo en lo que se refiere a la responsabilidad civil.
El caso Magrudis
Entre finales de 2018 y el primer semestre de 2019, la empresa sevillana Magrudis puso en el mercado productos cárnicos contaminados con Listeria que provocaron cuatro fallecidos, seis abortos y multitud de intoxicados, de los que 254 han sido identificados por el juzgado.
El equipo jurídico de FACUA reclama a los encausados, indemnizaciones que suman 510.579,33 euros para los 79 afectados a los que representa en este procedimiento.
La asociación pidió hasta doce años de prisión para José Antonio Marín Ponce, administrador de hecho de la empresa Magrudis SL; su mujer, Encarnación Rodríguez Jiménez, responsable de producción y puesta en marcha del sistema de autocontrol de la empresa; sus hijos Sandro José Marín Rodríguez, administrador único de la citada mercantil, y Mario Marín Rodríguez, administrador único de Elaborados Cárnicos Mario SL; Sergio L.G., arquitecto técnico; y María José O.B., inspectora veterinaria municipal.
Conflicto de intereses
Facua apunta que existe “un conflicto de intereses insalvable porque al Consistorio hispalense le podría convenir la absolución de su funcionaria para así no tener que asumir el pago como responsable civil”.
Tal y como explica la organización de consumidores, “el Ayuntamiento se ha adherido a las peticiones de penas formuladas por la fiscalía para los acusados, con la excepción de la funcionaria municipal, para la que pide sobreseimiento y archivo. Algo que, en opinión de Facua, sería contrario a su propio papel en el caso y atentaría contra los derechos e intereses de cualquier víctima de los hechos”.
Facua considera que “no es coherente mantener su condición de perjudicado ante la existencia de un hipotético daño sufrido cuando, en comparación, la cuantía de este daño resulta una fracción en atención a la totalidad de la responsabilidad civil a la que podría ser condenado por los daños causados a todas las víctimas acreditadas en autos. Todo ello, además, contando con que en cualquier caso el Ministerio Fiscal podrá velar por los intereses del Ayuntamiento de Sevilla en cuanto a los daños que haya podido sufrir”.
