El Tribunal de Cuentas Europeo está examinando si la acción de la Comisión Europea y los Estados miembros ha logrado una contribución efectiva a la consecución de los objetivos de bienestar animal de la UE. Se trata de una auditoría limitada a los animales de granja en la que se tendrán en cuenta las disposiciones fundamentales para el bienestar animal, incluyendo algunas cuestiones identificadas en auditorías anteriores y por las partes interesadas.
Los dos principales objetivos estratégicos son:
- Lograr el cumplimiento de la legislación sobre protección de los animales en áreas definidas
- Mejorar la coordinación con la PAC.
Para conseguirlo, la auditoría incluye visitas a la Comisión y las autoridades pertinentes en cinco Estados miembros:
- Rumanía
- Polonia
- Francia
- Italia
- Alemania
De entrada, ha publicado un documento previo denominado El bienestar animal en la UE que puede descargarse desde este enlace a nuestra área de descargas.
Además, las empresas o profesionales que deseen contactar con el equipo de auditoría, puede hacerlo en la siguiente dirección de correo electrónico: ECA-Animal-Welfare@eca.europa.eu.
Altos estándares
La UE cuenta con algunos de los estándares regulatorios más altos del mundo sobre el bienestar animal. El concepto de bienestar animal está consagrado en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que reconoce a los animales como seres sensibles. La primera legislación de la UE sobre el bienestar de los animales se adoptó en 1974 y se ocupó de la protección de los animales en masacre. legislación sobre bienestar animal ha desarrollado y ampliado su cobertura desde entonces.
La Comisión adoptó la estrategia de bienestar animal de la UE para el periodo 2012-2015 con el objetivo de garantizar que las normas de bienestar animal se aplican consistentemente y rigen en toda la UE, y que la política de bienestar animal está bien coordinada con la Política Agrícola Común (PAC).
La responsabilidad de hacer cumplir la legislación sobre bienestar animal y la gestión de la PAC es compartida entre la Comisión Europea y los Estados miembros.
