En un comunicado conjunto de ASAJA y COAG denuncian que el borrador del Real Decreto que debería recoger el carácter voluntario del veterinario de explotación incumple los compromisos adquiridos por del ministro de Agricultura con las organizaciones agrarias.
Con la actual redacción, tanto de la normativa en vigor como del proyecto de real decreto que la modifica, a partir del 1 de junio de 2025 seguirá siendo obligatorio que todas las explotaciones cuenten con un Plan Sanitario Integral y que éste sea diseñado o bien por un veterinario de explotación o bien por personal veterinario de una ADSG, integradora o entidad asociativa.
“Es decir, que, de manera indirecta, se sigue obligando a que cualquier explotación ganadera 1 que no pertenezca a una ADSG, a una entidad asociativa o a una integradora, tenga la obligación de designar a un/a veterinario de explotación que le diseñe el Plan Sanitario Integral (que sí seguirá siendo obligatorio para todas las explotaciones a partir de junio de 2025)”, confirman desde ASAJA y COAG.
También se pospone hasta el 1 de junio de 2025 el periodo en el que los SIGE (Sistemas Integrales de Gestión de las Explotaciones ganaderas) deberán incorporar los Planes Sanitarios Integrales, pero se mantiene la obligatoriedad de que las explotaciones que ya debían contar con un SIGE a fecha de hoy, sigan teniendo que contar con él a partir de junio del año que viene.
Nuevas cargas burocráticas además del veterinario
“En ASAJA y COAG seguimos sin entender el empeño de este ministerio por incorporar nuevas cargas burocráticas que no aportarán soluciones reales a los problemas que deben afrontar las explotaciones ganaderas de nuestro país. Rechazamos las imposiciones del veterinario de explotación, el plan sanitario integral, el plan de bienestar animal o el SIGE.
“Ninguna de estas imposiciones deriva de la aplicación de normativa europea, sino que se trata de apuestas exclusivamente de país con un rol burocrático (y no de cuidado, sanidad o bienestar de los animales). Una prórroga de la entrada en vigor de la normativa que recoge estas obligaciones no es suficiente; exigimos su eliminación”.
