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Treinta investigados por un presunto fraude en el cobro de las ayudas de la PAC

La Guardia Civil, en la denominada operación ‘Pacquiao’, ha investigado a 22 personas físicas y 8 jurídicas por un presunto fraude en el cobro de subvenciones de la Política Agrícola Común (PAC), vinculadas a la sanidad y el bienestar animal.

Los implicados estarían omitiendo el uso de guías de transporte de ganado y simulando el pastoreo para obtener, de forma ilícita estas ayudas.

Se estima que los investigados habrían obtenido un beneficio ilícito cercano al millón de euros y tras la investigación patrimonial, que se ha realizado en paralelo, han resultado congelados cerca de 100 inmuebles valorados en más de cuatro millones de euros.

A los investigados se les acusa de varios delitos de fraude de subvenciones, prevaricación administrativa, falsedad documental y estafa.

Inicio de la investigación

En junio de 2022 la Guardia Civil tuvo conocimiento de la existencia de una trama que estaría falseando las condiciones necesarias para la obtención ilícita de una serie de ayudas de la Política Agrícola Común (PAC), presuntamente en connivencia con personal de la administración perteneciente a la Junta de Castilla y León, concretamente de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

Los ganaderos investigados solicitaban la ayuda de la PAC simulando la realización de pastoreo con animales de abasto en diferentes territorios ubicados en la provincia de Palencia. Los referidos ganaderos poseían explotaciones de ganado vacuno intensivas, cuya finalidad era el engorde de los animales en el menor tiempo posible, por lo que estos animales nunca llegaban a pastar en las tierras objeto de la ayuda, explican desde la benemérita.

Los ganaderos implicados recibían una cantidad anual, ilícita, que rondaba los 45.000 euros por ganadero, por simular pastar en unos terrenos cuando, realmente, el ganado nunca salía de las explotaciones intensivas.

Asimismo, la Guardia Civil ha podido demostrar que los pastos por los que se recibían las ayudas de la PAC eran reasignados de manera ilícita a ganaderos del sur de España, los cuales poseían ganado de abasto que trasladaban a los citados pastos para realizar la trashumancia.

De esta manera, apuntan, se obtenía un doble beneficio ilícito por los pastos, que eran imputados documentariamente a los ganaderos solicitantes de la PAC, para recibir la ayuda, pero realmente eran aprovechados por otros ganaderos que tenían que pagar por el uso de los mismos.

Implicados trabajadores de la Junta de Castilla y León

Tal y como explican desde la Guardia Civil, este fraude estaba encabezado por el Jefe de la Sección Agraria Comarcal (SAC), que era el encargado, en primera persona, de la validación y gestión de los diferentes expedientes fraudulentos y desoía las advertencias de los técnicos de su administración.

Además, la veterinaria encargada de la inspección del ganado era la pareja sentimental del referido Jefe de la SAC, quien no realizó ninguna inspección de campo, en el periodo durante el que se cometieron los ilícitos investigados, a pesar de la existencia de multitud de condicionantes de riesgo.

Asimismo, el presidente de la Junta Vecinal, hermano del Jefe de la SAC, emitía certificados de uso de pastos fraudulentos (documento oficial obligatorio de cara a la solicitud de las ayudas).

Por otro lado, una serie de personas relacionadas a nivel personal con la figura del Jefe de la SAC y vinculadas a una asociación de defensa del ganadero, se encargaban de conseguir a los ganaderos solicitantes de las ayudas, en diferentes provincias, realizando de primera mano las gestiones necesarias para la obtención por parte de los ganaderos del beneficio ilícito.

Un beneficio ilícito de casi un millón de euros

Se estima que el beneficio económico obtenido rondaría el millón de euros y la investigación patrimonial realizada en paralelo ha culminado con la creación de un inventario judicial compuesto por 96 inmuebles, que han sido congelados a los investigados por un valor superior a los cuatro millones de euros, con el objetivo de hacer frente a las responsabilidades patrimoniales derivadas de la comisión de los ilícitos.

Se han detectado irregularidades en el cobro de estas subvenciones por parte de ganaderos de las provincias de Palencia, Zamora, Valladolid, Segovia, Ávila, Salamanca y Cantabria.

Esta Operación, la primera llevada a cabo por parte de una unidad del SEPRONA con la Fiscalía Europea, ha sido desarrollada por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA). En la misma ha colaborado la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Palencia.

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