El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha anulado las resoluciones de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria que impusieron una Comisión Gestora en el Consejo Regulador de la IGP Ternera Asturiana.
En una sentencia dictada el 14 de abril de 2026, los magistrados han estimado el recurso de los vocales destituidos y determinan que el Gobierno autonómico vulneró el derecho fundamental de asociación de los ganaderos, concretamente en su capacidad de autoorganización y elección democrática.
Freno a la intervención administrativa
El conflicto estalló a principios de junio de 2025. En aquel momento, el Consejo Regulador desarrollaba su proceso electoral cuando la Consejería interrumpió las gestiones para nombrar a una comisión de diez miembros elegidos por la Administración.
La Junta Electoral de la entidad ya había aprobado un nuevo calendario, con votaciones fijadas para el 13 de septiembre, y había solicitado expresamente al Gobierno que no interfiriera en el proceso. Sin embargo, la Administración autonómica impuso a sus directivos sin establecer límites materiales ni temporales para su actuación.
El fallo judicial ha señalado que en este proceso electoral el único interés en juego era el del propio Consejo Regulador y sus operadores, ya que todos ellos actúan como sujetos privados. El Ministerio Fiscal ha firmemente a los ganaderos durante el proceso y calificó la actuación del Gobierno asturiano como un “claro abuso de poder”. Además, la Fiscalía definió esta maniobra como “la injerencia pública más grave posible”, al destacar que la Consejería privó a los operadores de celebrar unas elecciones democráticas sin ninguna razón que lo justificara.
Críticas por la falta de diálogo institucional
Isabel de la Busta, presidenta en funciones durante la crisis, ha lamentado que el consejero Marcelino Marcos y el presidente del Principado, Adrián Barbón, dieran la espalda al diálogo. Los afectados denuncian que el Gobierno ignoró sus peticiones de reunión urgente y ni siquiera resolvió el recurso administrativo que presentaron antes de acudir a los tribunales.
De la Busta también ha reprochado la actitud de los integrantes de la gestora, designados en representación de sindicatos y asociaciones como UCA, ASAJA, COAG, Cooperativas agroalimentarias y ASEAVA. Según los demandantes, esta comisión llegó a emplear prácticas para intentar amedrentar al Consejo Regulador y evitar que acudieran a la Justicia.
Vuelta a la normalidad en el campo asturiano
La adopción de medidas cautelares previas por parte del tribunal ha permitido al Pleno legítimo recuperar sus funciones y culminar las votaciones el pasado mes de diciembre.
El actual presidente de la entidad, Fernando Martínez, ha subrayado que el alto tribunal ratifica de manera unánime que la Consejería actuó de forma contraria a la ley. Esta sentencia firme aporta “plena seguridad jurídica” al nuevo equipo directivo, que retoma la normalidad para seguir certificando el trabajo de cerca de 6.100 explotaciones ganaderas de carácter familiar distribuidas por toda Asturias.
