La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) también ha acogido con satisfacción la sentencia del Tribunal Supremo que anula las nuevas tablas de densidad porcina aprobadas en 2023. La organización considera que el fallo “da la razón” a los ganaderos y marca un antes y un después en la forma de elaborar normativa que afecta a las explotaciones.
El Alto Tribunal ha declarado nulo el apartado 4 de la disposición final cuarta del Real Decreto 159/2023 por la “manifiesta insuficiencia” de la Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN). Para los magistrados, el Ministerio de Agricultura aprobó una medida con “innegable repercusión económica” sin un informe de impacto riguroso, lo que vulnera las obligaciones legales en materia regulatoria.
COAG alerta sobre el RD 809/2025 y reclama su derogación
Más allá de la anulación parcial del RD 159/2023, COAG pone el foco en el Real Decreto 809/2025, que modificó la norma inicial sin incorporar la evaluación económica que ahora exige el Supremo.
La organización advierte de que el RD 809/2025 “sigue en vigor sin sustento jurídico claro” y genera incertidumbre en las granjas de porcino. Por ello, pide al Ministerio de Agricultura que lo derogue de forma inmediata o, al menos, que impulse una revisión integral acompañada de un análisis de impacto económico “transparente, completo y conforme a la ley”.
“Bienestar animal sí, pero con datos y realismo”
COAG recuerda que siempre ha defendido que cualquier cambio en densidades, bienestar animal o requisitos estructurales debe valorar su efecto real sobre las explotaciones, desde la reducción de animales hasta las inversiones necesarias para ampliar naves.
“El fallo del Supremo desmonta la narrativa de que estas medidas no tenían coste o que eran neutras para la producción”, señala Jaume Bernis, responsable del sector porcino de COAG. “No se pueden aprobar normas que ponen en jaque la viabilidad de miles de explotaciones sin un análisis serio del impacto económico”, subraya.
Bernis insiste en que las organizaciones agrarias “no están en contra del bienestar animal”, sino de las regulaciones improvisadas: “Somos los primeros interesados en garantizarlo, pero tiene que hacerse con sensatez, diálogo y rigor técnico. Hoy es un día importante para la dignidad del sector porcino español y para la seguridad jurídica”.
Llamada al diálogo con el Ministerio
Tras la sentencia, COAG reclama al Ministerio de Agricultura la apertura de un proceso de diálogo “profundo y real” con el sector para diseñar una regulación equilibrada. El objetivo, según la organización, debe ser compatibilizar los avances en bienestar animal con la supervivencia económica de las explotaciones familiares.
“España no puede permitirse políticas que ponen en riesgo la producción, el empleo y la vida en el medio rural”, concluye Bernis.
