La Guardia Civil mantiene la investigación de los 10.700 jamones y embutidos de cerdo ibérico congelados incautados en Pinos Puente (Andalucía) bajo el delito de Infracción Administrativa, por lo que no se han realizado detenciones. Según fuentes policiales consultadas por la Revista Cárnica, en caso de que la investigación confirmase que dichas partidas de alimentos han estado al alcance del consumidor, pasaría a ser un posible delito contra la salud pública, momento en el que pudieran producirse otras actuaciones por parte de la Guardia Civil.
En todo caso, los jamones y embutidos intervenidos presentaban graves anomalías en el etiquetado, estaban caducados desde 2015 y muchos de ellos mostraban también síntomas de putrefacción, por lo que la Inspección de Salud de la Junta de Andalucía ha ordenado su inmediata destrucción al suponer un peligro para la salud pública
La operación comenzó el 26 de junio cuando una patrulla de la Guardia Civil de interceptó, en las inmediaciones del polígono La Fuente, un camión frigorífico cargado con 25 palés de jamones ibéricos y embutidos de cerdo ibérico congelados que presentaban anomalías en el etiquetado y algunos de los jamones también síntomas de putrefacción.
Tras constatar los agentes que el camión interceptado se dirigía hasta una nave industrial cercana, procedieron a la inspección de dicha nave que albergaba dos grandes cámaras frigoríficas, en las que se guardaban 10.700 piezas entre jamones y embutidos de cerdo ibérico congelados que presentaban las mismas anomalías que las piezas intervenidas en el camión. Muchas estaban caducadas desde el año 2015, otras ni siquiera tenían fecha de caducidad, algunas estaban visiblemente podridas, no existían albaranes que acreditaran la procedencia ni el destino del producto y algunas de las etiquetas inspeccionadas presentaban indicios de haber sido manipuladas.
La Guardia Civil inmovilizó la mercancía al considerar que pudiera suponer un riesgo para la salud pública y se alertó a la Delegación Provincial de Salud de la Junta de Andalucía.
La Inspección del Distrito Sanitario Metropolitano de Granada ha ratificado posteriormente las medidas cautelares que tomó la Guardia Civil respecto de los jamones y embutidos intervenidos, y la Inspección de Salud de la Junta de Andalucía ha ordenado su completa destrucción por suponer un riesgo para la salud pública.
