La Guardia Civil ha desmantelado una red criminal que introducía carne de origen ilegal en el mercado, sin pasar ningún control sanitario ni respetar las normas de bienestar animal. En la operación, bautizada como ‘Pox’, se han detenido a cinco personas y se investigan a 12 más por delitos contra la salud pública, maltrato animal, falsedad documental, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales. Se ha desarrollado en Madrid, Toledo y Ávila.
Mataderos clandestinos, animales enfermos y carne sin trazabilidad
La investigación ha sacado a la luz un entramado que operaba en las provincias de Madrid, Toledo y Ávila. En estas localidades se han localizado varios mataderos clandestinos, explotaciones ilegales y centros de concentración de animales que ni siquiera estaban registrados. En muchos casos, los animales llegaban en condiciones deplorables, desnutridos o enfermos, y eran sacrificados sin control veterinario ni condiciones higiénicas mínimas.
Más de 350 cabezas de ganado ovino y caprino han tenido que ser sacrificadas debido a su estado de salud. La explotación principal estaba situada en la provincia de Toledo y no figuraba en el registro oficial (REGA).
Carne en cartas de restaurante y vendida por internet
Parte de la carne procedente de estos sacrificios terminaba en restaurantes de la Comunidad de Madrid —nueve en total—, cuatro de los cuales han sido cerrados de forma cautelar.
La investigación ha comprobado que algunos de estos locales ofrecían la carne en sus menús e incluso a través de plataformas de reparto a domicilio. También se vendía directamente a particulares, sin ningún tipo de trazabilidad ni garantía sanitaria.
Falsificación, pagos en “B” y fraude fiscal
El grupo usaba documentación falsa para simular que los transportes de ganado eran legales. Además, movía dinero en efectivo, cobraba parte de las operaciones en negro y declaraba precios por debajo del valor real del ganado, con lo que evitaban pagar impuestos. Todo ello formaba parte de un esquema bien organizado, con funciones distribuidas entre los miembros de la red para evitar controles y maximizar beneficios.
Un riesgo real para la salud pública
Este tipo de prácticas no solo suponen una competencia desleal y una amenaza para el sector ganadero legal, sino también un riesgo para la salud pública. La carne vendida no pasaba controles veterinarios, lo que aumenta la posibilidad de transmisión de enfermedades. Además, estos movimientos ilegales de animales dificultan la detección de brotes como la viruela ovina y caprina, y pueden tener un alto coste económico para el sector.
Una operación a gran escala
La operación ha contado con la colaboración de Europol y de distintas unidades de la Guardia Civil (SEPRONA de Madrid, Toledo y Ávila), así como de las policías municipales y autoridades sanitarias de Madrid y Castilla-La Mancha. También han participado el Ministerio de Agricultura y las consejerías de Sanidad y Agricultura de ambas comunidades autónomas.
