La trágica muerte de un joven agricultor de tan solo 27 años, que lideró en repetidas ocasiones las protestas contra las recientes medidas gubernamentales relacionadas con el campo, ha dejado una profunda inquietud y dolor entre los profesionales y sus familias. El suceso ha copado los medios de comunicación y los perfiles de redes sociales de agricultores y ganaderos indignados y no es para menos.
Un joven productor al que, según denuncian desde el sector, le retiraron la PAC*, fue objeto de continuas inspecciones y presión por sus reivindicaciones, ha decidido acabar con todo. Esto no puede pasar desapercibido y más, para los que trabajamos día a día por atraer relevo generacional y nuevos jóvenes profesionales, poniendo la mira en todo lo bueno que puede aportar y en lo indispensables que son para la sociedad.
Como digo, este hecho no puede ni debe ser ignorado ni simplificado como una mera consecuencia individual. Es una llamada urgente a reflexionar sobre cómo tratamos a quienes sostienen la producción cárnica y agrícola del país y especialmente, a los jóvenes.
En un sector ya marcado por una alta carga de trabajo, incertidumbre económica y responsabilidades crecientes, la imposición de controles y medidas que se perciben como agresivas o desproporcionadas solo añade una carga adicional que puede quebrar el espíritu de cualquier productor. No se trata de obviar la importancia de la regulación ni la necesidad de supervisión, sino de encontrar un equilibrio humano que permita a quienes producen, alimentar al país desarrollar su labor sin sentir que están siendo acorralados.
El caso de David debe motivarnos a preguntarnos, de una vez por todas: ¿qué estamos haciendo mal en la gestión de las políticas que afectan a nuestros agricultores y ganaderos? ¿Cómo podemos exigir cumplimiento y transparencia sin convertirlos en víctimas de un sistema que parece olvidar que detrás de cada hectárea y cada cabeza de ganado hay personas con límites, emociones y vulnerabilidades? La responsabilidad que recae sobre ellos no debe ser una carga insoportable, sino un compromiso compartido y sostenible ni mucho menos, aumentarla sobre perfiles que deciden alzar la voz por sus derechos y los del resto.
Su muerte es un recordatorio doloroso de que, más allá de cifras y regulaciones, estamos hablando de vidas humanas. De jóvenes que quieren ganase la vida honradamente, dedicándose a lo que les gusta, comprarse un piso, poder ser autosuficientes económicamente, progresar, sentirse realizados, en definitiva, ser felices. Y desde luego, en todas y cada una de estas facetas, la Administración está fallando.
Finalmente, mi llamado es a la reflexión y a la acción conjunta. Es imprescindible que las políticas públicas se diseñen con una mirada más cercana a la realidad del productor, con apoyo y no con desgaste y presión sobre los profesionales. La sostenibilidad del sector agroalimentario y la industria depende también del bienestar mental y emocional de quienes la sostienen día a día. No podemos permitir que la presión desemboque en estos oscuros episodios. Descanse en paz.
ACTUALIZACIÓN *Una llamada telefónica por parte de equipo de comunicación del Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón, se ha confirmado que si que cobró la PAC pero no han facilitado pruebas por escrito. Por otro lado, desde AEGA, han confirmado a este medio que tanto él como varios compañeros han recibido presiones y un aumento en las investigaciones de Hacienda tras los sucesos de La Aljafería.
