El Boletín Oficial del Estado ha publicado hoy, 2 de abril, la Ley 1/2025, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, una norma largamente esperada por el sector agroalimentario.
La ley establece obligaciones claras para todos los eslabones de la cadena alimentaria, desde la producción hasta la distribución y la restauración, con el objetivo de reducir en un 50 % el desperdicio alimentario en el consumo y en un 20 % en la producción y suministro para 2030.
Obligaciones para el sector alimentario
Las empresas de la cadena alimentaria deberán aplicar medidas concretas para evitar el desperdicio, siguiendo una jerarquía de prioridades que sitúa la prevención como primera opción, seguida del aprovechamiento para alimentación humana mediante donación, la alimentación animal, y, por último, la valorización energética o el compostaje.
También deberán contar con planes específicos, formar a su personal, garantizar la trazabilidad en caso de donación de alimentos y mejorar la gestión de existencias, el etiquetado y los envases.
Campañas, control y sanciones
La ley incluye la creación de un Plan Estratégico nacional de prevención y reducción del desperdicio alimentario, que deberá coordinarse con programas autonómicos y planes de control. Las administraciones públicas también deberán promover campañas de sensibilización y fomentar el consumo responsable.
Además, la norma establece un régimen sancionador, con infracciones y sanciones tipificadas, y modifica la Ley de Contratos del Sector Público para obligar a que los servicios de restauración en instituciones públicas incluyan medidas contra el desperdicio.
Un cambio estructural
Con esta ley, el Gobierno busca impulsar un cambio estructural en la gestión de los alimentos y alinearse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular con los relativos a producción y consumo responsable (ODS 12), acción climática (ODS 13) y lucha contra el hambre (ODS 2).
El sector agroalimentario, clave en esta transformación, deberá adaptar sus procesos, revisar sus flujos logísticos y fortalecer su colaboración con entidades sociales para canalizar el excedente apto para el consumo.
