La entrada en vigor del Real Decreto 787/2023 obliga al uso de crotales electrónicos en el vacuno de nueva identificación, una medida sin precedentes en la UE que ha sido rechazada por COAG por su coste, falta de consenso y desajuste con la normativa comunitaria.
Desde este lunes, todos los terneros que nazcan en territorio español deberán llevar un crotal electrónico. Así lo establece el Real Decreto 787/2023, aprobado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
La norma marca un cambio estructural en el sistema de trazabilidad del vacuno. Por primera vez, se impone la identificación electrónica de forma obligatoria. España se convierte así en uno de los pocos países de la UE que han adoptado esta medida a nivel nacional.
Una norma que va más allá de Bruselas
Pese a que la Comisión Europea no impone esta obligatoriedad, el Gobierno español ha decidido implementarla de forma generalizada. Según el Reglamento Delegado (UE) 2019/2035, la identificación electrónica en rumiantes es opcional, y solo cinco Estados miembros la han adoptado como obligatoria. En este contexto, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha manifestado su oposición frontal a la medida, solicitando al Ministerio que rectifique.
“La norma española va mucho más allá de lo exigido por Bruselas. Pedimos coherencia y sensatez: que se ajuste a las verdaderas obligaciones europeas y se evite imponer cargas innecesarias al sector”, ha declarado Joaquín Gargallo, responsable de vacuno de COAG.
Crotal electrónico: sobrecostes y problemas operativos
COAG argumenta que el sistema de identificación tradicional ya garantiza la trazabilidad del vacuno y que la nueva obligación añade costes, burocracia y dependencia tecnológica. Entre los problemas destacados, figuran el incremento en el precio de los crotales electrónicos y sus duplicados, las posibles paralizaciones de movimientos si un animal pierde el dispositivo, y la desventaja competitiva frente a animales importados que no están sujetos a esta obligación.
Para la organización agraria, el Ministerio ha actuado “sin consenso y sin planificación”, ignorando las alegaciones del sector y priorizando, según Gargallo, “los intereses de otros actores de la cadena de valor del vacuno que sí demandaban esta medida para facilitar su labor”.
COAG exige diálogo y proporcionalidad
La organización agraria ha anunciado que redoblará sus esfuerzos para conseguir que se derogue esta obligatoriedad, y reclama que se respete el principio de proporcionalidad y viabilidad que inspira la normativa europea. “El Ministerio no puede hablar de diálogo en los foros de Ganadería Extensiva y luego imponer medidas de forma unilateral”, ha señalado Gargallo.
