El Gobierno retrasa VeriFactu hasta 2027 y CEDECARNE aplaude la moratoria

El Real Decreto-ley 15/2025, de 2 de diciembre, publicado hoy en el BOE, amplía de forma significativa los plazos para que las empresas adapten sus sistemas informáticos de facturación (SIF) a los requisitos del Real Decreto 1007/2023. Las entidades que presentan el Impuesto sobre Sociedades deberán tener sus sistemas adaptados antes del 1 de enero de 2027. Por otro lado, el resto de obligados tributarios dispondrá de plazo hasta el 1 de julio de 2027.

Dos calendarios: 1 de enero y 1 de julio de 2027

La disposición final cuarta del Real Decreto 1007/2023 se modifica para fijar un nuevo calendario de implantación de los SIF certificados:

• Obligados tributarios del artículo 3.1.a) (en la práctica, quienes presentan Impuesto sobre Sociedades):
  deberán tener sus sistemas informáticos adaptados antes del 1 de enero de 2027.
• Resto de obligados tributarios mencionados en el artículo 3.1 (autónomos y otras figuras que no tributan por IS):
  deberán operar con los nuevos sistemas antes del 1 de julio de 2027. BOE-A-2025-24446

El Gobierno justifica esta ampliación por la necesidad de acompasar la exigencia legal al desarrollo técnico y de garantizar una implantación ordenada y homogénea en todo el tejido empresarial, que incluye desde grandes compañías hasta pymes y autónomos.

Fabricantes de software: nueve meses desde la orden, pero con las nuevas fechas en el horizonte

El Real Decreto-ley también aclara el calendario para productores y comercializadores de sistemas informáticos de facturación. Estos proveedores deberán:

• Ofrecer productos plenamente adaptados al reglamento en un plazo máximo de nueve meses desde la entrada en vigor de la Orden HAC/1177/2024.
• Asegurar, además, que los sistemas incluidos en contratos de mantenimiento se ajustan a las nuevas fechas límite de 2027 para sus clientes. BOE-A-2025-24446

De esta forma, el Ejecutivo busca que el mercado de software llegue “a tiempo” y con soluciones maduras antes de que la obligación resulte exigible para las empresas.

CEDECARNE: “El sector necesitaba una moratoria para adaptarse con garantías”

Desde el comercio especializado de alimentación, la reacción ha sido inmediata. CEDECARNE, junto a CEOPPAN y FEDEPESCA, llevaba meses reclamando una moratoria y presentó recientemente un manifiesto conjunto pidiendo más tiempo para el pequeño comercio.

“Desde hace meses venimos trasladando que el sector necesitaba una moratoria para poder adaptarse con garantías al sistema VeriFactu”, recuerda Carlos Rodríguez, presidente de CEDECARNE. “La implantación prevista no respondía a la realidad operativa de los pequeños comercios de alimentación”.

Rodríguez valora de forma positiva el movimiento del Gobierno: “La mayoría de los negocios del sector no estaba en condiciones de asumir una adaptación inmediata. Hablamos de comercios donde, en muchos casos, los propietarios deben realizar inversiones relevantes en tecnología y formación”.

Además, subraya que se trata de un tejido formado en gran medida por autónomos de edad avanzada y con poco relevo generacional: “Eso hace más difícil adoptar nuevas herramientas digitales sin un plazo razonable y un acompañamiento adecuado”.

Un primer paso necesario… pero no suficiente

Para CEDECARNE, el aplazamiento no resuelve por sí solo todos los retos, pero abre una ventana de oportunidad. “El aplazamiento es un primer paso imprescindible. Da margen para planificar, comparar soluciones y avanzar de forma progresiva”, apunta Carlos Rodríguez.

Aun así, advierte de que la transición no será sencilla: “El proceso será exigente y llevará tiempo, por lo que será fundamental que las administraciones y los proveedores tecnológicos acompañen al pequeño comercio durante esta transición para garantizar una implantación realista y exitosa”.

Las patronales recuerdan que comparten el objetivo de transparencia y control fiscal, pero insisten en que la implantación de VeriFactu debe hacerse con proporcionalidad y sentido común, atendiendo a la realidad de un tejido de comercio artesano con recursos humanos y económicos muy limitados.

Lo que pide el comercio de proximidad: exoneraciones, flexibilidad y ayudas

En su posición conjunta, CEOPPAN, CEDECARNE y FEDEPESCA recuerdan las medidas que han trasladado al Gobierno:

1. Una moratoria general mínima de dos años, que permita una adaptación progresiva y ordenada del comercio de proximidad.
2. Exoneraciones específicas para personas físicas mayores de 60 años, muchos de los cuales se planteaban el cierre ante la necesidad de invertir en nuevos sistemas en la recta final de su vida laboral.
3. Flexibilidad para colectivos vulnerables, con posibles prórrogas o ayudas para establecimientos con baja capacidad tecnológica o económica.
4. Incentivos fiscales (deducciones en IRPF o Impuesto sobre Sociedades) que compensen parcialmente la inversión y animen a los que se adapten antes.

Las organizaciones alertan de que, sin medidas correctoras y sin una planificación gradual, la implantación inmediata de VeriFactu podía poner en riesgo miles de negocios especializados, tal como han evidenciado estudios sectoriales, y agravar el cierre de comercios en barrios, pueblos y mercados municipales.

Reclaman un “plan de choque” para la digitalización del comercio artesano

Más allá de la moratoria, CEDECARNE y las otras patronales consideran imprescindible un plan de choque específico para acompañar la transición a la facturación electrónica en tres frentes:

1. Apoyo económico

• Subvenciones directas para la compra y adaptación de programas y sistemas de facturación compatibles.
• Deducciones fiscales que compensen parte de la inversión.
• Líneas de financiación bonificada adaptadas a microempresas y autónomos.
• Alivio temporal de determinadas cuotas o tasas vinculadas a la adaptación tecnológica para los comercios de menor facturación.

2. Apoyo técnico

• Guías prácticas y tutoriales adaptados a la realidad de carnicerías, panaderías y pescaderías.
• Servicios de acompañamiento digital con consultores especializados.
• Coordinación con proveedores tecnológicos para garantizar soluciones asequibles, seguras y fáciles de usar.

3. Apoyo formativo

• Programas de capacitación gratuitos, presenciales y online.
• Talleres territoriales en colaboración con asociaciones de comerciantes.
• Campañas de comunicación que expliquen de forma clara qué es VeriFactu, qué obligaciones implica y qué beneficios puede aportar.

VeriFactu y la supervivencia del comercio de proximidad

CEDECARNE insiste en que los sectores que representa son mucho más que una actividad económica: forman parte de la identidad gastronómica, la vida de barrio y la cohesión social. Por eso reclama que la implantación de VeriFactu se haga “adecuada a su realidad”, sin poner en peligro la continuidad de miles de carnicerías y otros comercios que trabajan seis días a la semana con plantillas muy ajustadas.

La moratoria hasta 2027 es, para el sector, una buena noticia y un respiro, pero también un aviso: el cambio llegará. El reto ahora pasa por aprovechar el tiempo ganado para que, cuando VeriFactu sea obligatorio, el comercio detallista de carne pueda cumplir sin perder competitividad ni poner en riesgo su futuro.