España ha recuperado el estatus de país libre de viruela ovina y caprina, una vez que el MAPA haya levantado la zona de restricción adicional para controlar el brote, tras no detectarse ningún foco desde el pasado 17 de mayo de este año. El primer caso se detectó el 19 de septiembre de 2022.
Durante este año, el MAPA ha desplegado un intenso trabajo de vigilancia, control y erradicación de la enfermedad, en coordinación con los servicios veterinarios de las comunidades autónomas y con el propio sector.
Gracias a este trabajo, se han podido levantado las últimas restricciones que quedaban a los movimientos ganaderos y desde este martes España ha podido recuperar el estatuto de país libre de una patología que no aparecía en nuestro territorio desde 1968.
Desembolso de ocho millones de euros para erradicar la enfermedad
Desde que se detectara la viruela ovina y caprina se han confirmado un total de 30 focos de la enfermedad, que se han repartido por varias explotaciones de las comunidades autónomas de Andalucía y Castilla-La Mancha.
La gravedad de la enfermedad requirió que las autoridades competentes llevaran a cabo el sacrificio obligatorio e inmediato de todos los animales presentes en las explotaciones en las que se detectan casos. Además, fue necesario aplicar estrictas restricciones al movimiento de animales en amplias zonas alrededor de los focos declarados, restricciones que, en Castilla-La Mancha, se han prolongado durante meses, todo ello siguiendo los protocolos de la normativa comunitaria.
El coste derivado del pago de las indemnizaciones por el sacrificio de los animales a los ganaderos (4,1 millones de euros), limpieza y desinfección de explotaciones, analíticas de laboratorio y contratación de personal veterinario de refuerzo ha supuesto un desembolso de 8 millones de euros, de los que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación financia aproximadamente el 62 % y el resto lo aportan las comunidades autónomas.
A esta cifra se han añadido las ayudas a la reposición de ganado habilitadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y cofinanciadas por las comunidades autónomas, que supondrán un desembolso estimado para el Estado de dos millones de euros adicionales, en función de las solicitudes que todavía se están recibiendo.
