La Guardia Civil, en el marco de la operación ‘Chiqueros’, ha inmovilizado 305 ejemplares de ovino y caprino en dos inspecciones realizadas en Alicante y ha investigado a 9 hombres y una mujer y denunciado a otros 11 hombres, de entre 31 y 79 años, de nacionalidad española, implicados en el sacrificio clandestino de ganado para la venta ilegal de la carne.
A las diez personas investigadas se les investiga penalmente por delitos contra la salud pública, maltrato animal, receptación, falsedad documental y simulación de delito. Las otras doce personas están denunciadas administrativamente por el movimiento de animales sin emisión de documento sanitario de traslado; falta de trazabilidad e identificación de los animales; no emisión de la preceptiva información sobre la cadena alimentaria; falta de autorización de instalaciones y sacrificio ilegal de animales; y la utilización fraudulenta de marcas identificativas. Estas infracciones están sancionadas con multa desde 600 hasta 1.200.000 euros.
La operación se inició tras la inspección de una explotación ganadera
En el inicio de la operación, el Seprona localizó 100 ejemplares de las especies ovina y caprina, a los que habían arrancado los crotales para impedir su identificación, tras inspeccionar una explotación ganadera, ubicada en la localidad de Alicante.
“Los animales estaban hacinados, heridos y desnutridos, en pésimas condiciones higiénico sanitarias y sin control veterinario”, explican desde la benemérita. Ante ello, los agentes inmovilizaron los animales y comenzaron la investigación para averiguar su procedencia.
Gracias a que alguno de los animales estaba identificado mediante bolo ruminal -bolo metálico que se introduce en el rumen del animal para identificar la trazabilidad del animal-, los agentes pudieron averiguar que procedían de distintas explotaciones de la Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Andalucía y Castilla La Mancha, desde las cuales debían haber sido trasladados a un matadero situado en Cartagena para su sacrificio, según figuraba en las documentaciones oficiales, pero al que en la realidad nunca fueron trasladados.
Poco después, la Guardia Civil localizó en Cox otra explotación, en la que hallaron otros 200 ejemplares en circunstancias similares y, en este caso, además, algunos procedentes de explotaciones que habían dado positivo en tuberculosis.
Una trama criminal creada con este fin
Los investigadores han podido constatar que tres de los investigados se habían organizado con este fin, actuando como un grupo criminal que se había especializado en este sistema.
Se hacían con los animales falsificando los documentos veterinarios de traslado a un matadero oficial en Cartagena para su sacrificio, algunos incluso cuya destrucción había sido decretada por las autoridades sanitarias. Sin embargo, en lugar de ser enviados a este matadero, eran desviados ilegalmente hasta las explotaciones de Alicante y Cox, en las que eran sacrificados para su venta irregular.
Los agentes descubrieron que algunos de los ejemplares habían sido robados en las explotaciones de origen. En otras ocasiones, ofrecían a los ganaderos un precio más alto que el que les sería pagado en el matadero, y que la banda recuperaba después con la venta ilegal de la carne.
Los 305 ejemplares inmovilizados han sido sacrificados y destruidos dado el riesgo de contagio a otros ejemplares, así como el riesgo derivado por su consumo, al no poder acreditarse las enfermedades y tratamientos veterinarios por la falta de trazabilidad.
