El Diario Oficial de la Unión Europea publicó el pasado viernes el Reglamento (UE) 2023/915 de la Comisión, de 25 de abril de 2023, relativo a los límites máximos de determinados contaminantes en los alimentos, el cual deroga el Reglamento de 2006.
Este nuevo reglamento proporciona cobertura legal mediante la refundición del Reglamento (CE) 1881/2006, y actualiza y hace más claro el contenido donde se detallan las matrices alimentarias afectadas, entre las que se encuentran las carnes y productos cárnicos.
Su publicación tiene lugar tras años de debate en los que se ha revisado de forma exhaustiva el anterior reglamento de 2006 con el fin de completarlo y actualizarlo a la luz de nuevas evidencias científicas y técnicas.
Puede descargarse la resolución relativa al nuevo reglamento de la Comisión Europea desde este enlace a nuestra área de descargas de legislación y documentos de interés del sector cárnico.
Principales novedades del nuevo reglamento
Entre las principales novedades destaca la incorporación de definiciones, se amplía la prohibición de la detoxificación mediante métodos químicos y el establecimiento de disposiciones sobre métodos de detoxificación mediante procesos de selección u otros tratamientos físicos a los contaminantes en general (antes solo aplicable a las micotoxinas).
Asimismo, se establecen y se enumeran explícitamente medidas transitorias para la aplicación del anterior Reglamento (CE) nº 1881/2006.
En cuanto al Anexo, se incluye una nueva columna para realizar las aclaraciones oportunas para cada matriz, disminuyendo las notas a pie de página a tan solo 15 (en lugar de las 75 anteriores), lo que facilita la lectura. Asimismo, la definición de categorías de alimentos remite más estrechamente al Anexo I del Reglamento (CE) nº 396/2005 sobre límites máximos de residuos de plaguicidas para un mejor entendimiento de la clasificación de los productos vegetales que comprende.
Por tanto, tal y como apuntan desde Aesan, este nuevo reglamento de contaminantes ofrece una mayor claridad y seguridad jurídica tanto para los operadores como para las autoridades competentes de control oficial.
