El pasado 26 de junio
se aprobó en el Congreso de los Diputados la Ley que regula el procedimiento
para determinar la representatividad del sector agrario con el voto mayoritario
de la bancada popular. El objeto de esta norma es regular el procedimiento de
consulta para determinar la representatividad de las organizaciones
profesionales agrarias de carácter general en el ámbito estatal. Mediante esta
ley se crea el Consejo Agrario como órgano colegiado de carácter consultivo
adscrito al Ministerio y el Consejo Agroalimentario del Estado.
La consulta se
verificará mediante voto personal, directo y secreto de los agricultores y
ganaderos, ya sean personas físicas o jurídicas, de forma presencial en las mesas
habilitadas al efecto o mediante voto por correo ordinario. Se instalará una
Mesa de consulta en cada capital de provincia, y tantas Mesas comarcales como
sean necesarias, en función del censo de la demarcación provincial. Las Mesas
incluyen un máximo de quinientos electores.
Los inscritos en el
censo podrán participar en la consulta que se realizará en todo el territorio
nacional, de forma simultánea, para determinar las Organizaciones Profesionales Agrarias más representativas. Esta participación podrán ejercerla los electores
bien por correo o de modo presencial en la Mesa correspondiente a su
demarcación territorial, que se constituirá en cada Subdelegación del Gobierno,
o Delegación del Gobierno en las Comunidades Autónomas uniprovinciales y en las
Ciudades Autónomas.
Serán organizaciones
profesionales agrarias más representativas las que obtengan, al menos, un
quince por ciento de los votos válidos emitidos en la consulta en todo el
Estado y, además, en seis Comunidades Autónomas, al menos un cinco por ciento
de los votos válidos emitidos en la consulta en cada una de ellas. La
distribución de los representantes en el órgano consultivo será proporcional a
los votos obtenidos.
La consulta se
celebrará cada cinco años y servirá para determinar la composición del Consejo
Agrario.
