La Asociación de Almacenes Frigoríficos de Carnes y Salas de Despiece (Anafric), ha conseguido que las tasas que pagan las salas de despiece en Cataluña se vinculen al número de visitas que realizan los inspectores oficiales, y no al número de toneladas que se procesan, como se ha venido haciendo hasta ahora. Así ha quedado recogido en el proyecto de Ley de acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat para 2014.
Así, el artículo 88 de este proyecto de Ley modifica la anterior Ley de tasas y precios públicos de la Generalitat, y establece que “para los controles de las salas de despiece, la cuota se determina en función del número de visitas de control oficial que realicen los agentes de la autoridad sanitaria al establecimiento”, fijando un precio de 51,8 euros por visita.
En la anterior normativa no existía correlación entre lo que pagaban los operadores y el servicio que recibían por parte de la Administración. Así Anafric denunciaba que “mas que una tasa, parece un impuesto sobre la producción”. “Eso, además de injusto, es ineficiente desde el punto de vista del gasto público”, señaló Carolina Cucurella, del departamento técnico de Anafric, en la comparecencia que la asociación realizó recientemente ante la Comisión de Agricultura del Parlament de Cataluña. Y lo ilustró con un ejemplo: “un operador pagó en 2012 un importe de 3.700 euros en concepto de tasas, habiendo recibido tan solo dos visitas al año de los veterinarios oficiales (a un coste, por tanto, superior a los 1.600 euros por visita), mientras otro pagó apenas 3.000 euros, aun habiendo recibido visitas de control oficial prácticamente cada semana”.
El próximo caballo de batalla de Anafric es tratar de lograr que se vincule el número de visitas al nivel de cumplimiento de la normativa por parte de los operadores (o al riesgo potencial de acuerdo con su historial), de modo que, indirectamente, se pueda premiar, con un número inferior de inspecciones, a los establecimientos que cumplen con todos los requerimientos higiénicos y sanitarios y que destinan importantes recursos (económicos, humanos y tecnológicos) a enriquecer su propio sistema de autocontrol (algo que, de hecho, ya prevé la normativa comunitaria al respecto).
Anafric también puso sobre la mesa otra preocupación compartida por todos los operadores del sector: la complejidad del modelo actual de seguridad alimentaria, que no solo depende de distintas administraciones y está regulado por diversas normativas, sino que, dentro de una misma administración, compete a distintos departamentos o consejerías. Por ejemplo, en el caso de Cataluña las competencias en materia de seguridad alimentaria quedan repartidas entre la Consejería de Agricultura y la de Sanidad.
Anafric también manifestó la voluntad de trabajar con el resto de asociaciones del sector para conseguir un acuerdo consensuado que permita avanzar hacia la creación de un sistema de control gestionado por un único ente interdepartamental que tenga todas las competencias en el control y la seguridad de las carnes.
