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Arias Cañete en el Congreso de los Diputados

Arias Cañete en el Congreso de los Diputados

Luz verde a la Ley de mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria

El Pleno del Congreso de los Diputados ha dado luz
verde a la Ley de Medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Con esta nueva norma se busca mejorar el funcionamiento y la
vertebración de la cadena alimentaria, de manera que aumente la eficacia y
competitividad del sector agroalimentario español. Al mismo tiempo, la ley
reducirá el desequilibrio en las relaciones comerciales entre los diferentes
operadores de la cadena de valor, en el marco de una competencia justa, lo que
redundará en beneficio tanto del sector como de los consumidores.

Para lograr sus objetivos, la ley se basa en un
modelo mixto de regulación y autorregulación de las relaciones comerciales entre
los agentes de la cadena, desde la producción hasta la distribución. La ley
regula los contratos alimentarios y las prácticas comerciales abusivas. La
principal novedad radica en la obligatoriedad de formalizar por escrito los
contratos alimentarios que se suscriban entre los operadores de la cadena.

Además, la Ley prohíbe las modificaciones de las
condiciones contractuales, salvo que se realicen de mutuo acuerdo. Para ello,
los contratos deberán contener las clausulas en las que se prevea el
procedimiento para su posible modificación. Además, se prohíben todos los pagos
adicionales más allá del precio pactado, salvo en dos supuestos específicos
(riesgo razonable de referenciación de un nuevo producto o la financiación
parcial de una promoción comercial). Estos supuestos deberán ser pactados e
incluidos en el correspondiente contrato. Por otro lado, no se podrá exigir a
un operador información sobre sus productos más allá de la que resulte
justificada en el contexto de su relación comercial. Además, la norma establece
la obligación de los operadores de gestionar las marcas de productos
alimentarios que ofrezcan al consumidor, evitando prácticas contrarias a la
libre competencia.

Por otra parte, la autorregulación de las relaciones
comerciales se basa en el establecimiento de un Código de Buenas Prácticas
Mercantiles en la contratación
alimentaria, que está elaborando el Magrama junto a las organizaciones y
asociaciones representativas de la producción, la industria y la distribución.
Dicho Código, que será de adhesión voluntaria. No obstante, la ley prevé la
posibilidad de que existan otros códigos de buenas prácticas mercantiles,
impulsado por los propios operadores de la cadena. Asimismo, se crea el Observatorio
de la Cadena Alimentaria, que asumirá las
funciones del Observatorio de Precios de los Alimentos y, además, informará de
la propuesta de Código y realizará su seguimiento; tratará de fomentar las
buenas prácticas y sistemas ágiles de resolución de conflictos; y analizará la
estructura básica de los costes y de precios percibidos y pagados, así como las
causas.

Por otra parte, la norma establece un control
administrativo para velar por el cumplimiento de lo dispuesto en la ley. En
este sentido, se crea la Agencia de Información y Control Alimentarios

Por último, la ley incorpora mecanismos de
coordinación entre las administraciones públicas para garantizar la Unidad de
Mercado.

Por su parte, el portavoz de Agricultura del PSOE,
Alejandro Alonso, señaló que el 
Gobierno ha rechazado durante la tramitación de la norma “todas las
ofertas de colaboración” de los grupos parlamentarios, por lo que la Ley se ha
aprobado “sin consenso político”. Arias Cañete le ha replicado diciendo que el
anterior Gobierno “no hizo nada por la cadena alimentaria”, y ha enfatizado que
la Ley es “la más avanzada de la UE llegando al máximo que Competencia de la UE
admite”.

Por su parte, la FIAB se ha mostrado satisfecha y su
director general, Horacio González Alemán, manifestó que “con esta nueva norma
nos encontramos ante un cambio estructural que habrá de beneficiar al conjunto
de la economía alimentaria, incluido al consumidor”.

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