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<p>Arias Cañete en el Congreso de los Diputados<br></p>

Arias Cañete en el Congreso de los Diputados

Luz verde a la Ley de mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria

El Pleno del Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la Ley de Medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Con esta nueva norma se busca mejorar el funcionamiento y la vertebración de la cadena alimentaria, de manera que aumente la eficacia y competitividad del sector agroalimentario español. Al mismo tiempo, la ley reducirá el desequilibrio en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores de la cadena de valor, en el marco de una competencia justa, lo que redundará en beneficio tanto del sector como de los consumidores.

Para lograr sus objetivos, la ley se basa en un modelo mixto de regulación y autorregulación de las relaciones comerciales entre los agentes de la cadena, desde la producción hasta la distribución. La ley regula los contratos alimentarios y las prácticas comerciales abusivas. La principal novedad radica en la obligatoriedad de formalizar por escrito los contratos alimentarios que se suscriban entre los operadores de la cadena.

Además, la Ley prohíbe las modificaciones de las condiciones contractuales, salvo que se realicen de mutuo acuerdo. Para ello, los contratos deberán contener las clausulas en las que se prevea el procedimiento para su posible modificación. Además, se prohíben todos los pagos adicionales más allá del precio pactado, salvo en dos supuestos específicos (riesgo razonable de referenciación de un nuevo producto o la financiación parcial de una promoción comercial). Estos supuestos deberán ser pactados e incluidos en el correspondiente contrato. Por otro lado, no se podrá exigir a un operador información sobre sus productos más allá de la que resulte justificada en el contexto de su relación comercial. Además, la norma establece la obligación de los operadores de gestionar las marcas de productos alimentarios que ofrezcan al consumidor, evitando prácticas contrarias a la libre competencia.

Por otra parte, la autorregulación de las relaciones comerciales se basa en el establecimiento de un Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la contratación alimentaria, que está elaborando el Magrama junto a las organizaciones y asociaciones representativas de la producción, la industria y la distribución. Dicho Código, que será de adhesión voluntaria. No obstante, la ley prevé la posibilidad de que existan otros códigos de buenas prácticas mercantiles, impulsado por los propios operadores de la cadena. Asimismo, se crea el Observatorio de la Cadena Alimentaria, que asumirá las funciones del Observatorio de Precios de los Alimentos y, además, informará de la propuesta de Código y realizará su seguimiento; tratará de fomentar las buenas prácticas y sistemas ágiles de resolución de conflictos; y analizará la estructura básica de los costes y de precios percibidos y pagados, así como las causas.

Por otra parte, la norma establece un control administrativo para velar por el cumplimiento de lo dispuesto en la ley. En este sentido, se crea la Agencia de Información y Control Alimentarios

Por último, la ley incorpora mecanismos de coordinación entre las administraciones públicas para garantizar la Unidad de Mercado.

Por su parte, el portavoz de Agricultura del PSOE, Alejandro Alonso, señaló que el  Gobierno ha rechazado durante la tramitación de la norma “todas las ofertas de colaboración” de los grupos parlamentarios, por lo que la Ley se ha aprobado “sin consenso político”. Arias Cañete le ha replicado diciendo que el anterior Gobierno “no hizo nada por la cadena alimentaria”, y ha enfatizado que la Ley es “la más avanzada de la UE llegando al máximo que Competencia de la UE admite”.

Por su parte, la FIAB se ha mostrado satisfecha y su director general, Horacio González Alemán, manifestó que “con esta nueva norma nos encontramos ante un cambio estructural que habrá de beneficiar al conjunto de la economía alimentaria, incluido al consumidor”.


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