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Caso Magrudis: la jueza abre juicio oral contra seis acusados por el brote de listeriosis del 2019 en Andalucía

El Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, que investiga el brote de listeriosis en la carne mechada de Magrudis producido en el verano de 2019, ha dictado un auto en el que acuerda la apertura de juicio oral contra un total de seis personas investigadas en el procedimiento, todo ello después de que la Fiscalía y las acusaciones particulares personadas hayan presentado sus respectivos escritos de acusación. 

En concreto, los acusados son José Antonio M.P., administrador de hecho de la empresa Magrudis S.L.; su mujer, Encarnación R.J., responsable de producción y puesta en marcha del sistema de autocontrol de la empresa; sus hijos Sandro José M.R., administrador único de la citada mercantil, y Mario M.R., administrador único de Elaborados Cárnicos Mario S.L.; Sergio L.G., arquitecto técnico, y María José O.B., inspectora veterinaria municipal.

En el auto, fechado el día 21 de noviembre y notificado este martes a las partes, la magistrada abre juicio oral contra cinco de los investigados -Sandro José M.R., José Antonio M.P., Mario M.R., Encarnación R.J. y María José O.B.-, Magrudis S.L. y Elaborados Cárnicos Mario S.L. por un delito contra la salud pública en concurso ideal con cuatro delitos de homicidio imprudente, siete delitos de lesiones al feto por imprudencia grave con resultado de aborto y 245 delitos de lesiones por imprudencia grave, declarando responsables civiles a las compañías de seguros Axa S.A., Aig Europe S.A. (sucursal España) y Zurich España Compañía de Seguros y Reaseguros

La instructora, que declara a la Audiencia Provincial de Sevilla como órgano competente para el conocimiento y fallo de la causa, declara responsable civil subsidiario de estos delitos al Ayuntamiento de Sevilla

De igual modo, la juez abre juicio oral contra Sandro José M.R., José Antonio M.P. y Sergio L.G. por un presunto delito de falsedad en documento oficial, así como contra José Antonio M.P., Sandro José M.R., Encarnación R.J y Mario M.R. por un delito leve de defraudación del fluido eléctrico

Imposición de fianzas 

En el auto, la magistrada requiere a Magrudis S.L. y Elaborados Cárnicos Mario S.L. para que, en el plazo de un día, “presten fianza solidaria en cantidad de 5.166.688,50 euros (homicidios, abortos, lesionados, indemnización a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Sevilla)”, y 36.000 euros “como responsabilidad pecuniaria que pudiera imponérseles”. 

Además, requiere a los investigados Sandro José M.R. y José Antonio M.P. para que, en el mismo plazo de un día, “presten fianza solidaria en cantidad de 5.166.688,50 euros (homicidios, abortos, lesionados, indemnización a la Junta y al Ayuntamiento)” y 3.060 euros “como responsabilidad pecuniaria que pudiera imponérseles”. 

La juez, igualmente, requiere a los investigados Mario M.R. y Encarnación R.J. para que en ese mismo plazo “presten fianza solidaria en cantidad de 5.166.688,50 euros (homicidios, abortos, lesionados, indemnización a la Junta y al Ayuntamiento)” y 1.440 euros “como responsabilidad pecuniaria que pudiera imponérseles”. 

Por último, requiere a la acusada María José O.B. para que en el plazo de un día “preste fianza solidaria en cantidad de 5.025.648,40 euros (homicidios, abortos, lesionados, indemnización a la Junta de Andalucía)”, y al acusado Sergio L.G. para que “preste fianza solidaria en cantidad de 1.440 euros como responsabilidad pecuniaria que pudiera imponérsele”. 

Asimismo, la magistrada reclama a Axa 5.166.688,50 euros, “si bien responderá hasta donde alcance el límite de garantía establecido en la póliza de seguro”, constando ingresados 300.000 euros, mientras que también requiere a las compañías de seguros Aig Europe y Zurich España para que en el plazo de un día presten fianza solidaria en cantidad de 5.166.688,50 euros, y al Ayuntamiento de Sevilla para que, en ese mismo plazo, “preste fianza solidaria en cantidad de 5.025.648,40 euros (homicidios, abortos, lesionados, indemnización a la Junta de Andalucía)”. 

Y todo ello, según explica la juez, “para asegurar las responsabilidades pecuniarias que, en definitiva, pudieran imponérsele”, con el apercibimiento de que, de no prestar las distintas fianzas establecidas en el auto, “se le embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada”.

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