La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) ha celebrado ayer una jornada, con la colaboración del MAPA, para analizar el impacto de la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados, así como del Proyecto de Real Decreto de Envases y Residuos de envases.
El acto dio comienzo tras la inauguración del mismo por parte de Mauricio García de Quevedo, director general de FIAB, y de Marta Gómez Palenque, directora general de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
García de Quevedo, durante su intervención, ha recordado que la industria está enormemente comprometida con la sostenibilidad y ha realizado también un llamamiento al Gobierno para que “en el grave momento por el que atraviesa la economía, con una inflación muy elevada y costes energéticos disparados, no adopte ninguna medida regulatoria o fiscal que reste competitividad a las empresas y pueda afectar gravemente al empleo”.
Y ha añadido además que “es el momento de ayudar a las empresas, no de ponerles trabas, ya que está en juego la supervivencia de alrededor de 2.400 compañías y más de 25.000 empleos. Creemos que la regulación española en materia de sostenibilidad no debería ir más allá de las directivas europeas y es imprescindible que las nuevas medidas que entren en vigor sean equilibradas y fruto del consenso”.
Para Mauricio de Quevedo “es necesario atrasar la entrada en vigor del impuesto al plástico, que tendrá un impacto estimado de 690 millones de euros en las empresas, a lo que habría que sumar el impacto de la Responsabilidad Ampliada del Productor, que puede suponer una carga de unos 1.150 millones de euros. Asimismo, el Real Decreto de Envases y Residuos de Envases tendrá un impacto de otros casi 5.000 millones de euros. En ninguna circunstancia, y menos en las actuales, es asumible”.
Este evento ha contado, además, con dos mesas redondas en donde se han tratado asuntos técnicos y legales, así como de normativas e impuestos relacionados con los plásticos de un solo uso. En ellas han participado Arancha Bengoechea Bartolomé, socia del área de derecho público y regulatorio de Andersen; Diego Vizcaíno Delgado, socio director del área de economía aplicada de AFI; Isabel Goyena, directora general de Cicloplast; Alberto García Valera, socio responsable del área de Tax Policy en EY; Enrique Tejedor, socio de PwC Tax&Legal y Sonia Álvarez, directora de fiscal en Ayming España.
