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Caso Magrudis: La Fiscalía solicita penas de 11 años y medio para el dueño de la empresa cárnica y uno de sus hijos

Penas de 11 años y medio de prisión y varias multas al dueño de Magrudis, José Antonio Marín Ponce, y a uno de sus hijos, es lo que ha pedido la Fiscalía en sus conclusiones provisionales, por el brote de listeriosis en la carne mechada de Magrudis ocurrido en agosto de 2019 en Andalucía, y que provocó cuatro fallecidos, seis abortos y multitud de intoxicados, de los que 254 han sido identificados por el juzgado.

Según recoge el escrito del Ministerio Público y del que se hacen eco varios medios generalistas, la Fiscalía reclama once años y medio de cárcel para José Antonio Marín Ponce y su hijo Sandro José Marín Rodríguez; y diez años para su otro hijo Mario Marín Rodríguez y para Encarnación Rodríguez Jiménez, esposa de Sandro José. También solicita la apertura de juicio oral ante la Audiencia de Sevilla contra todos ellos y el arquitecto Sergio L.G., contratado por la empresa en cuestión y autor de la declaración responsable de la misma.

En sus conclusiones provisionales, la Fiscalía no presenta acusación contra la veterinaria del Ayuntamiento de Sevilla María José O.B., ni contra David M.M., economista y asesor financiero de Magrudis y también procesado en las actuaciones.

La Fiscalía considera que los hechos constituyen un delito continuado contra la salud pública, en concurso con cuatro delitos de homicidio por imprudencia grave, siete delitos de lesiones al feto, 235 delitos de lesiones, un delito de defraudación de fluido eléctrico y un delito de falsedad en documento oficial.

En concreto, la Fiscalía reclama por el delito contra la salud pública cuatro años de prisión y una multa de 1.620 euros para José Antonio Marín Ponce, sus dos hijos y su mujer. Por el de homicidio por imprudencia grave solicita también para todos ellos seis años de prisión más y la inhabilitación para comerciar con productos cárnicos durante ocho años.

Por el delito de defraudación eléctrica, la Fiscalía solicita multa de 1.440 euros para todos ellos menos para el arquitecto, y por el delito de falsedad documental pide adicionalmente un año y medio de cárcel y multa de 1.620 euros para José Antonio Marín Ponce, su hijo Sandro José Marín Rodríguez y para el arquitecto Sergio L.G..

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