Homogeneizar los controles en materia de bienestar animal con Europa conllevaría, según JARC, pérdidas en el sector porcino

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La asociación agraria Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) ha mostrado su rechazo ante el borrador de Real Decreto presentado por el MAPA para homogeneizar los controles en materia de bienestar animal con Europa, y en el que propone un aumento de superficie disponible por animal superior al marcado por la normativa europea.

Según la asociación agraria esta propuesta implicaría “una importante pérdida de rentabilidad”. A modo de ejemplo, señala que una granja media, de 2.000 cerdos, con esta normativa “perdería 8.052 € anuales. Más teniendo en cuenta la coyuntura actual, en la que los ganaderos están sufriendo un aumento de los costes de producción del 40 %”, advierte.

A finales de junio, el MAPA hizo público un borrador de Real Decreto mediante el que anunciaba que pretendía homogeneizar los controles en materia de bienestar animal con la normativa europea. Desde JARC se oponen frontalmente a esta nueva reducción de densidades en granjas porcinas, “que no viene dictaminada por ninguna normativa europea, ni siquiera por la Directiva CE 2008/120 relativa a las normas mínimas para la protección de cerdos, a la que hace referencia el borrador, y que indica las mismas densidades mínimas que actualmente ya son de obligado cumplimiento en nuestro país”.

JARC considera que estos cambios “no están justificados ni amparados en ninguna otra legislación comunitaria y harían inviable que los ganaderos puedan realizar las inversiones necesarias en sus explotaciones en materia de sanidad animal y sostenibilidad ambiental”.

El borrador propone un aumento de superficie disponible por animal, que se traduciría en la práctica en una reducción de densidad y la consiguiente reducción de los ingresos de los ganaderos, en un momento en el que están soportando un incremento de los costes de producción del 40 %.

La organización agraria ha trasladado al Ministerio, a través de COAG, la coordinadora que la representa a nivel estatal, que “las granjas, como cualquier otra actividad productiva, fueron dimensionadas según las normativas vigentes de bienestar animal y gestión de deyecciones, entre otros, y que cambiar ahora su volumen de producción compromete su viabilidad y aboca al sector a una pérdida de competitividad debido a la falta de liquidez por realizar inversiones”.

Además del incremento de costes que puede derivarse del aumento de trámites burocráticos, el apartado que más preocupa del borrador de Real Decreto “por el fuerte impacto directo que puede llegar a tener en una granja, es el posible aumento de superficie disponible por animal, es decir, reducir densidades“.

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