Organizaciones de la cadena de valor del envase, entre ellas organizaciones agrarias como ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias, así como las asociaciones empresariales AECOC, ACES, ANGED, ASEDAS, FIAB, ADELMA, STANPA y EsPlásticos, han solicitado retrasar, al menos un año, la entrada en vigor del impuesto al plástico previsto para el 1 de enero de 2023.
Recientemente España se publicado la nueva Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, en la que se introduce un impuesto adicional sobre los envases de plástico de un solo uso, por el que el plástico no reciclado fabricado o importado en España estará sujeto a un impuesto de 0,45 euros/kg.
Las organizaciones agrarias y las asociaciones firmantes consideran que “no es el momento de aplicar un nuevo impuesto que solo repercutiría negativamente en la competitividad de las empresas y sobre el consumidor”.
“La escalada histórica de los precios del gas y la electricidad está causando un grave impacto en los costes empresariales y tensionando al alza la inflación. A ello se unen los impactos derivados de la guerra de Ucrania -desabastecimiento de materias primas, falta de suministros básicos como fertilizantes, o combustibles, etc.-, así como de la crisis sanitaria, económica y social provocada por la pandemia COVID-19, aun no superada, e incluso amenazas de nuevos paros en el transporte. Este contexto altamente inestable está poniendo a prueba la resistencia de los sectores empresariales, por lo que no parece razonable añadir a corto plazo costes adicionales”, indican en un comunicado conjunto.
Asimismo, señalan que, dentro de la UE, en general “no se ha optado por medidas fiscales en la legislación de economía circular. Si bien otros países lo han planteado, incluso Italia lo reguló antes que España, son conscientes de la delicada situación económica y han ido posponiendo la entrada en vigor de este en sucesivas ocasiones”.
Por otra parte, indican que “la implementación de un impuesto de estas características es sumamente complejo, y necesita un desarrollo reglamentario donde se expliquen de manera detallada todos los procedimientos y trámites administrativos a seguir, la creación de documentación, el desarrollo de aplicaciones informáticas, así como la definición clara de las obligaciones de cada uno de los afectados, entre otras cosas. Las casuísticas son infinitas, y las dudas sobre cómo poder cumplir con las obligaciones legales se multiplican, por lo que a día de hoy siguen siendo analizadas por la propia Administración para poder dar respuesta a su compleja aplicación”.
Las organizaciones agrarias y las asociaciones empresariales consideran que además de por la complicada coyuntura económica, “es imprescindible dar un margen de tiempo suficiente para poder resolver todas las cuestiones y dudas que se están planteando antes de obligar a gravar con un impuesto que nadie sabe de momento cómo aplicar”.
