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El portavoz de Agricultura del PSOE, Alejandro Alonso

El PSOE critica la imposición de una “Ley de la Cadena Alimentaria insuficiente”

El portavoz de Agricultura del PSOE en el Congreso, Alejandro Alonso, destaca que “el PP impone una ley insuficiente” ante el fin de la tramitación del proyecto de ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

“Esta es una regulación reivindicada por todos”, defiende Alonso, que recordó en su intervención que tanto el PSOE, como el sector y todos los grupos Parlamentarios “apoyamos la aprobación de un proyecto de ley de equilibrio de la cadena alimentaria”. Sin embargo, frente a esta disposición, denuncia la actitud “prepotente” del PP, que evita buscar el consenso para una regulación reivindicada por todos, y que ha derivado en un malestar mayoritario expresado por el PSOE con la negativa a firmar el acta de la sesión de la ponencia.

Para los socialistas, el texto "no resuelve eficazmente los desequilibrios de la cadena, incluso puede agravarlos", y el PP “se niega a negociar aspectos fundamentales de la ley”, afirma Alonso.

“Una buena ley, y esta no lo es, sería la que diera un tratamiento justo a las demandas de cada uno de los que intervienen en la cadena de valor y la que eliminara las prácticas abusivas y las posiciones de dominio de quien trate de ejercerlas”, resume el portavoz socialista de Agricultura.

Además, en su intervención Alonso alertará de que el Ministerio de Agricultura, una vez aprobada la ley, asumirá la enorme responsabilidad de la obligación de supervisar administrativamente toda la contratación alimentaria. Al respecto, cuestionará si con los recursos existentes se podrán controlar los millones de contratos que se realizan entre productores, industria y distribución en el sector agroalimentario.

El grupo parlamentario socialista, después de escuchar a los distintos representantes de la cadena alimentaria ha presentado 36 enmiendas que tienen que ver con el ámbito de aplicación; la regulación de prácticas abusivas y precios mínimos ajustados a costes de producción
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