Galicia trabaja para encontrar soluciones a los efectos de la crisis del coronavirus sobre sus figuras de calidad cárnica. Con ese objetivo de abordar diferentes fórmulas de ayuda, el consejero de Medio Ambiente Rural de la Xunta de Galicia, José González, ha mantenido una videoconferencia con Jesús González, presidente del Consejo Regulador de las IGPs de Carne de Vacuno de Galicia, y Abel Yáñez, presidente de la junta reguladora del IGP Lacón Gallego.
Entre las principales demandas del sector en esta situación de emergencia sanitaria se encuentran la seguridad de todos los trabajadores involucrados, así como encontrar nuevas oportunidades de comercialización que garanticen el futuro del gallego rural.
El consejero transfirió a los representantes de los consejos reguladores que uno de estos mecanismos debe ser concienciar a los consumidores para que apuesten por el sector primario gallego.
Junta de apoyo
El consejero también discutió con los presidentes de las juntas reguladoras de las IGP la posibilidad de aprovechar la nueva línea de financiamiento de Igape que busca inyectar liquidez a PYMEs y autónomos. La iniciativa del Ministerio de Economía, Empleo e Industria, que implica la movilización de 250 millones de euros en préstamos, ya ha recibido 609 solicitudes que implicarán la movilización de unos 50 millones.
José González destacó que esta orden tiene como objetivo satisfacer las necesidades más inmediatas, como el pago de salarios, facturas, alquileres o impuestos. Específicamente, la nueva línea garantizará entre 3.000 y 200.000 euros por cada negocio y los beneficiarios tendrán períodos de reembolso de hasta cuatro años con un incumplimiento, con un máximo de 1.50 por ciento de interés, que se descontará a cien por ciento por la Junta.
Por otro lado, y en relación con la ayuda del Ministerio, el titular del Medio Rural también les transfirió que está trabajando en la racionalización de los pagos y en la relajación de los requisitos exigidos para los diferentes anuncios de subsidios, buscando evitar incumplimientos o posibles prejuicios derivados de la imposibilidad para ejecutar las acciones programadas.
