Los dueños de Magrudis han quedado en libertad sin fianza a la espera de sentencia ya que la jueza del caso estima que en las circunstancias actuales marcadas por el estado de alarma ocasionado por el coronavirus COVID-19 ha desaparecido el riesgo de fuga y destrucción de pruebas. A partir de ahora, los acusados por el mayor brote de listeriosis de España deberán personarse cada lunes en el juzgado de instrucción 10 de Sevilla.
La magistrada señala en el auto que se dan dos circunstancias. Por un lado, la investigación está casi finalizada, por lo que el riesgo de ocultación, destrucción o alteración de pruebas es casi inexistente. Además, el actual estado de alarma decretado en el país limita la libre circulación de personas, por lo que el riesgo de fuga también disminuye.
Respecto a la fianza, no se solicita ya que la jueza advierte que los acusados carecen de medios para afrontar cualquier tipo de cantidad que se les fijara.
Recordemos que las acusaciones por los que se ha juzgado a José Antonio y Sandro Marín incluyen cuatro fallecidos, siete abortos y más de 200 afectados.
Protestas de los damnificados
La reacción de los afectados, como Facua-Consumidores en Acción, ha sido recurrir el auto de puesta en libertad “ante el riesgo inminente de una posible fuga”. Además, en el escrito presentado por los abogados que llevan el caso de las víctimas, estas se declaran “rotundamente en desacuerdo” con la decisión de la jueza, y recuerdan que los acusados no sólo no han colaborado con las autoridades sino que ocultaron informaciones que podrían haber reducido los casos.
Respecto al argumento de la alerta sanitaria, destacan que es “inaudito” que estos presuntos delincuentes sean “los únicos beneficiados de España” de esta situación.
