La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha propuesto al Gobierno una serie de acciones para que asegure el mantenimiento de la cadena de pagos durante la crisis generada por el coronavirus Covid-19. Entre otras medidas, pide que todas las Administraciones Públicas hagan frente a sus pagos a proveedores y suministradores dentro del plazo legal de pago y cancelar -antes de final de este mes de marzo- los más de 7.300 millones pendientes de pago en periodo excedido a cierre de 2019.
“Pymes y autónomos se verán inmersos en una crisis de liquidez de dimensiones desconocidas, por lo que, si no reacciona de manera urgente, muchas de ellas no podrán sobrevivir”, alerta el presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), Antoni Cañete.
A la espera de la aprobación de medidas económicas por parte del Gobierno, la PMcM le insta a que asegure el mantenimiento de la cadena de pagos acometiendo determinadas acciones, que “generan liquidez, pero no deuda al Estado”, asegura Cañete.
Entre las reivindicaciones que la PMcM considera que se deben acometer urgentemente también destacan que se anticipe la devolución del IVA a las pymes y autónomos que lo hubieran solicitado a cierre de 2019; implantar un sistema que permita la compensación de créditos fiscales, como ya vienen haciendo otros países de nuestro entorno; y habilitar, por parte del Instituto de Crédito Oficial, una línea especial de crédito para pymes y autónomos que les permita hacer frente a sus pagos pendientes.
Cañete, ha recordado que durante la crisis de 2010, las Administraciones Públicas pagaban de media a plazos de pago superiores a los 150 días, “lo que supuso un estrangulamiento de la actividad de pymes y autónomos, que sólo se solucionó con la implantación del Plan de Pago a Proveedores a partir de 2012; en ese periodo, cientos de miles de pymes y autónomos, en un proceso en cadena, se vieron abocados al cierre, con el consecuente impacto sobre la actividad económica y el empleo”.
Además, Cañete señala que recientemente se ha constatado que las Administraciones Públicas ya habían empeorado sus plazos de pago el año pasado, según la nueva edición de su “Informe sobre Morosidad: Estudio Plazos de Pago en España 2019”. Del estudio se desprende que el plazo medio de pago a proveedores aumentó en el sector público en 2 días (un 3%) —pasando de 68 a 70—, alejándose aún más de los 30 días que establece la ley.
