El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha presentado ante el Consejo de Ministros todos los detalles de la Mesa de Diálogo Agrario constituida con las organizaciones profesionales agrarias. El objetivo de esta iniciativa es dar respuesta a los problemas del sector agroalimentario.
Planas ha asegurado que la constitución de la mesa muestra que el Gobierno está dispuesto a dialogar y trabajar de manera coordinada con todas las partes implicadas: productores, industria, distribución e incluso los ciudadanos, que con sus decisiones de compra marcan también el rumbo del conjunto del sistema agroalimentario. Según ha recalcado, el Gobierno comprende la preocupación de agricultores y ganaderos por la volatilidad de los precios y la disminución de los márgenes comerciales, situación que no solo está ocurriendo en España sino que también afecta a otros países comunitarios como Países Bajos, Francia o Alemania.
Medidas adoptadas
El ministro ha recalcado que el Gobierno de España tiene claro que la actividad agroganadera es un sector con futuro. Por eso, el Ministerio ha propuesto una serie de medidas enfocadas a mejorar la rentabilidad de las explotaciones agrarias.
En relación con los precios, la intención del Gobierno es la de incrementar la dotación en los Presupuestos Generales del Estado para apoyar el sistema de seguros agrarios, “el mejor elemento de defensa frente al riesgo climatológico” y una herramienta clave para los productores en casos de pérdida de producción por las adversidades climáticas.
Y, en relación con el mercado, se está elaborando una propuesta de modificación de la ley de la cadena alimentaria, cuyos principales aspectos son el establecimiento de una relación más precisa de las prácticas comerciales prohibidas (con la trasposición de la directiva comunitaria sobre prácticas comerciales desleales), la regulación contra la destrucción del valor de los productos agrarios (conocido como venta a pérdidas), la obligatoriedad de incluir el coste de producción como factor para el establecimiento de los precios en los contratos agrarios, y la publicidad de las sanciones impuestas a las empresas que incumplan la normativa en los contratos con agricultores y ganaderos.
El ministro ha señalado la convocatoria para la próxima semana del Observatorio de la Cadena Alimentaria, para llevar a cabo un examen pormenorizado de los precios, en especial de los sectores más afectados como el aceite de oliva y las frutas y hortalizas.
Será clave también el diálogo que va a mantener el con las grandes empresas de la distribución alimentaria, que pueden contribuir de manera significativa a valorizar el trabajo de agricultores y ganaderos, tanto desde el punto de vista económico como de reputación social.
También se trabajará para lograr una mejor estructuración vertical y horizontal de la oferta, a través de la modificación de la ley de organizaciones interprofesionales, con el objetivo de fomentar su presencia en los diferentes sectores. Para el ministro, estas organizaciones pueden contribuir a la mejora de la rentabilidad al contar, por ejemplo, con herramientas legales para retiradas de mercado y medidas de promoción.
Y desde el punto de vista horizontal, las cooperativas agroalimentarias deben ganar en dimensión para adaptarse a las nuevas circunstancias del mercado y ser más competitivas. Según ha detallado, en España hay unos 800.000 productores, unas 4.000 cooperativas agrarias y, siendo el cuarto país en producción agroalimentaria de la Unión Europea, no hay ninguna cooperativa española entre las 50 primeras de Europa. Estos datos evidencian la necesidad de aumentar su dimensión y reforzar la organización de la oferta del sector productor para fortalecer su posición negociadora.
