El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha avanzado, en su comparecencia en el Congreso de los Diputados, las líneas maestras que defenderá España en las negociaciones de la reforma de la Política Agraria Común (PAC).
Según el ministro, la reforma de la PAC “debe incorporar los recursos financieros, las medidas y los elementos de flexibilidad necesarios que permitan su aplicación integrada y coherente, dentro de una política agraria española que tiene como propósito hacer de nuestro sistema agroalimentario un referente dentro y fuera de Europa”.
Para ello, el ministro ha manifestado que la posición a defender por España se cerrará de manera consensuada con las Comunidades Autónomas en la Conferencia Sectorial que tendrá lugar mañana viernes.
Los 15 puntos clave son:
1. La propuesta de presupuesto para la PAC de la Comisión constituye el mínimo aceptable para España en las negociaciones del Marco Financiero Plurianual 2014-2020. El alcance de la Reforma deberá supeditarse al mantenimiento de las dotaciones presupuestarias.
2. España apoya la propuesta de la Comisión de establecer una convergencia progresiva y limitada de las ayudas medias por hectárea entre EEMM.
3. La transición a un modelo regional debe limitarse a un porcentaje que permita un cierto reequilibrio de las ayudas, pero que no ponga en peligro determinadas producciones y territorios. El período transitorio debe ser lo más amplio posible. Se propone que los derechos históricos puedan representar el 90 por 100 del Pago Base al inicio y un porcentaje a determinar al final.
4. España defenderá la aplicación de criterios flexibles en la aplicación regional del Pago Básico. En concreto, la posibilidad de utilizar criterios mixtos, administrativos, económicos y de potencial productivo, para definir las mismas, integrada dentro de un enfoque de carácter Nacional.
5. El porcentaje del 30 por 100 de las ayudas directas destinado al componente verde se considera excesivo y debe reducirse. Las penalizaciones por incumplimiento que pudieran aplicarse deberían limitarse a su importe, sin afectar al Pago Base.
6. Las medidas deben proporcionar beneficios medioambientales sin poner en peligro la competitividad y viabilidad de las explotaciones.
7. El pago a jóvenes agricultores debe ser obligatorio, debiéndose destinar un máximo del 2 por 100 de las ayudas directas como propone la Comisión.
8. La ayuda asociada debe se ambiciosa en su concepción y dotación, y su aplicación debe ser flexible. Debe extenderse a otros sectores en dificultades con relevancia socioeconómica o medioambiental.
9. El pago para zonas con limitaciones naturales puede permitir abordar situaciones y problemas específicos que se planteen como consecuencia de la aplicación de la Reforma.
10. El régimen para los pequeños agricultores es una buena oportunidad para simplificar la gestión, si bien para que la simplificación sea real y efectiva se debería poder incluir automáticamente a los agricultores que cumplan sus condiciones, salvo que se manifestaran en contra.
11. Con objeto de evitar remanentes sin ejecutar al final del ejercicio, se deben diseñar instrumentos que permitan el máximo aprovechamiento de los límites financieros de cada Estado miembro.
12. España considera una prioridad disponer de una red de seguridad para el sector agrario, por lo que defenderá unas medidas de mercado más eficaces, rápidas y automáticas, que permitan el desencadenamiento del almacenamiento público y privado, sin retrasos innecesarios, mediante precios de referencia actualizados.
13. España defiende el mantenimiento de los regímenes de limitación de la producción en los términos actuales, como claves para garantizar la estabilidad de los mercados.
14. La Reforma debe mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, ampliando las funciones y los fines de las organizaciones de productores y de las organizaciones interprofesionales, de manera que tengan un mayor protagonismo en la gestión de los mercados y en el control de la oferta, considerando para ello la posibilidad de introducir las excepciones necesarias en la normativa sobre competencia en vigor, que tengan en cuenta las especificidades del sistema agroalimentario.
15. Las medidas relacionadas con la pérdida de confianza del consumidor, deben ser financiadas en su totalidad por la Unión Europea.
