La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha constatado un aumento significativo de operaciones de confirming en las grandes compañías, un producto financiero que alarga los plazos de pago a proveedores o que permite el cobro con unos considerables descuentos. En ambos casos, este medio de pago perjudica de manera decisiva a los proveedores de estas empresas –generalmente pymes y autónomos–, lo que los coloca en una situación de vulnerabilidad e indefensión ante la reclamación de facturas.
El confirming es un servicio de pago a proveedores por el que una entidad financiera es la encargada de gestionar y pagar las facturas de una compañía a costa de que el proveedor reciba el cobro mucho tiempo después o sometido a un importante descuento. Según datos de la Asociación Española de Factoring (AEF), el confirming creció el año pasado un 4,80%, ascendiendo a 67.936 millones de euros; junto con el factoring, representa un 18,35 % del PIB.
Del mismo modo, la PMcM ha comprobado que, en sus memorias, muchas compañías consideran como pagadas aquellas facturas a las que se ha comunicado un confirming al proveedor, si bien, estos recibos solo se cobran sin coste para el proveedor al vencimiento del “pago confirmado”. Estos plazos pueden llegar a alcanzar hasta los 240 días. En este sentido, la Plataforma recuerda que las compañías tienen la obligación de incluir en sus memorias corporativas información sobre los plazos de pago a proveedores (en el caso de las empresas del IBEX-35, estos informes son auditados y sometidos al análisis de la CNMV).
A pesar de estas revisiones, las operaciones de confirming determinan que las deudas con los proveedores figuren como pagadas a efectos del cálculo del periodo medio de pago, al contemplar la fecha de entrega del confirmingcomo día de pago. Asimismo, en el balance de las cuentas anuales de las compañías estas operaciones no son consideradas deuda financiera, ya que se incluyen en la partida de deuda a proveedores.
Para Antoni Cañete, presidente de la PMcM, “el confirming está muy extendido las grandes empresas, ya que tienen un volumen importante de deuda de este tipo y negocian con las entidades bancarias para obtener liquidez sin pensar en el proveedor, que sigue sin cobrar. Por ello, es crucial diferenciar los plazos de pago y los medios de pago: hay que obligar a abonar las facturas dentro de los 60 días de límite máximo que marca la ley y sancionar a las organizaciones que tengan la ‘picaresca’ de alargar los plazos utilizando el confirming u otros productos financieros”.