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Carne de Ávila, Guijuelo y Jamón de Huelva tendrán un marco jurídico único

Se ha aprobado un proyecto de Ley de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas, cuyo ámbito territorial se extiende a más de una Comunidad Autónoma en el pasado Consejo de Ministros con el objetivo de ofrecer un marco jurídico único, moderno y compatible con la legislación comunitaria para el desarrollo de estas figuras de protección. Dentro del sector cárnico entrarían dentro de este proyecto de Ley: Carne de Ávila, Guijuelo, Jamón de Huelva y Cordero Segureño.

Con esta finalidad se establece, para todas las DOP o IGP supra-autonómicas, tanto presentes, como futuras, un régimen jurídico idéntico, independientemente del tipo de producto que regulen con unos criterios comunes en cuanto al procedimiento para su reconocimiento, protección, control y la regulación de su gestión.

Paralelamente se potencian instrumentos de cooperación entre las Administraciones públicas, a partir de las experiencias desarrolladas en los últimos años, facilitando el desarrollo conjunto de actuaciones con la finalidad de lograr una utilización más eficiente de los recursos. Además, se regula la protección desde la producción a la comercialización, presentación, publicidad, etiquetado así como su utilización como nombres de dominio en internet.

A su vez, se reconoce y refuerza el papel de los Consejos Reguladores como órganos de gestión de las DOP e IGP y de colaboración de la administración, para el adecuado desarrollo de estas figuras. Para ello se les dota de una personalidad jurídica propia y de un sistema de funcionamiento basado, fundamentalmente, en el derecho privado.

En la norma se crean nueve Corporaciones de Derecho Público para todos los Consejos Reguladores existentes, los cuales han comunicado su voluntad de acceder a esta fórmula (Cane de Ávila, Guijuelo, Jamón de Huelva, Cava, Rioja, Jumilla, Idiazábal, Espárrago de Navarra y Calasparra).

En lo que respecta al control oficial se ofrece un modelo compatible con la normativa comunitaria y que ofrece seguridad jurídica a los operadores. En este sentido se otorga a la Agencia de Información y Control Alimentarios del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, funciones de control oficial.

Además, también se recoge la posibilidad de delegar tareas específicas de control en organismos de certificación de producto.


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