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España ha mostrado su disconformidad con la propuesta de prohibir las exportaciones de animales vivos

Por Redacción

España, junto a otros siete países de la Unión Europea, han emitido una nota a Bruselas para mostrar su oposición a la propuesta de prohibir las exportaciones de animales vivos.

Dicha comunicación ha sido redactada por la delegación de Portugal, cuenta con el apoyo de Francia, Grecia, Irlanda, Letonia, Lituania, Rumanía y España, y ha provocado la convocatoria de una reunión ministerial para el próximo 30 de enero en la que se debatirá sobre esta oposición.

La nota indica que el transporte de animales es una actividad crítica en los sistemas de producción animal que resulta necesaria para el buen funcionamiento de esta industria.

Reconoce en dicha nota que es bueno que se revise la legislación referida al transporte de animales, pero existen muchos puntos de mejora que deben ser evaluados de forma más pormenorizada.

Legislación menos prohibitiva

Debe contener, según se apunta, definiciones claras y precisas sobre cualquier requisito destinado a mejorar las condiciones de bienestar durante el transporte para ayudar, de esta forma, en la aplicación uniforme de todo tipo de controles.

Además, cualquier legislación debe basarse en sólidos conocimientos técnicos y científicos que aprovechen la experiencia y las buenas prácticas de los Estados miembros en la aplicación y el cumplimiento de la legislación, teniendo en cuenta la necesidad de garantizar la competitividad económica de las empresas de la UE.

Destacan además que el objetivo principal de la revisión de la legislación debe ser la facilitación continua del comercio intracomunitario de alto bienestar y la exportación de animales vivos, pero no centrarse en medidas encaminadas a prohibir o limitar determinados tipos de transporte.

Se apunta además en esta comunicación, que resulta fundamental asegurar el transporte de animales dentro de la UE o hacia terceros países cercanos, puesto que si se ponen impedimentos traerá en consecuencia un impacto muy negativo en el bienestar de los animales, ya que los ciudadanos de terceros países se verán obligados a obtener animales de proveedores fuera de la UE, probablemente más distantes y con disposiciones de bienestar animal menos desarrolladas.

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