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La AICA pasará a ser una agencia estatal y contará con una mayor capacidad inspectora

Por Beatriz DeparesResponsable de contenidos de Cárnica

La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) pasará a ser una parte más integral del gobierno y tendrá más poder y recursos para hacer cumplir las regulaciones relacionadas con el control de la cadena alimentaria, tal y como confirmó ayer el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante la apertura de la primera reunión del Consejo Asesor de la entidad.

La conversión en agencia estatal se producirá “lo antes posible”, bien a través de un texto legal ad hoc o mediante una disposición adicional en la futura Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario.

Ayer se celebró la primera reunión del Consejo Asesor de la AICA del año.

Con la conversión de este organismo en agencia estatal, la entidad, tal y como ha explicado Planas, contará con “una mayor estructura, con más medios humanos y materiales para desempeñar sus funciones”, lo que le permitirá “reforzar significativamente su capacidad inspectora”.

Con esta decisión, ha señalado el ministro Planas, se ha querido dar “una respuesta rápida a una de las principales preocupaciones de los agricultores y ganaderos que se han movilizado estas semanas, el cumplimiento efectivo de la Ley de la cadena alimentaria en todos los eslabones, para que en las relaciones comerciales -sobre todo en las que participan los agricultores y ganaderos-, el precio sea digno, supere el coste efectivo de producción y asegure la viabilidad económica de los operadores”.

La AICA impuso 382 sanciones en 2023

La entidad encargada de vigilar las relaciones comerciales en todos los eslabones de la cadena alimentaria de manera imparcial e independiente impuso en 2023 un total de 382 sanciones a operadores de la cadena alimentaria, lo que supuso un aumento del 40,4 % en comparación con el año precedente. Casi la mitad de ellas -un 48 %- correspondieron a infracciones por incumplimiento de plazos de pago, sobre todo, en el eslabón mayorista.

También han sido objeto de sanción la ausencia de contratos o la falta, en los que sí se han realizado, de elementos mínimos como, por ejemplo, el precio del producto motivo de transacción. Las modificaciones unilaterales no pactadas por contrato y la destrucción de valor en la cadena alimentaria también aparecen en la lista de los principales motivos de penalización.

A estas sanciones hay que sumar las aprobadas por los organismos autonómicos que también tienen competencias en el control y vigilancia del cumplimiento de la Ley de la cadena alimentaria. El año pasado impusieron 167 sanciones, un 33,6 % más que en 2022. Estas últimas han recaído principalmente en empresas del eslabón de la industria alimentaria.

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