Las organizaciones empresariales
y sindicales de la cadena agroalimentaria, comercio, distribución y hostelería
(Cooperativas Agroalimentarias, FIAB; Aecoc, Anged; ACES; Asedas; CEC, FEHR,
Fehrcarem; CCOO Feagra, UGT Fitag, UPA, COAG y Asaja) se unen para mostrar su
negativa a un posible incremento del IVA que parece vislumbrarse.
Según señalan “en un momento en
el que la discusión económica se centra en las medidas para reindustrializar e
incrementar el empleo, parecen contradictorias las medidas tomadas por el
Gobierno en materia de fiscalidad ambiental, incremento de costes laborales
(cotizaciones a la Seguridad Social), aumento de los costes eléctricos y la
aparición de nuevas figuras impositivas autonómicas. Este tipo de medidas minan
la competitividad del sistema agroalimentario y de los sectores ligados al
consumo, que podría disminuir aún más con el incremento o reclasificación del
IVA que afectaría a muchos productos básicos para los hogares”.
Así destacan los problemas
generados en:
– Materia de fiscalidad
ambiental, con el impacto del impuesto de gases fluorados, utilizados en los
procesos de refrigeración y mantenimiento del frío de los alimentos básicos, en
un país cálido como España en el que no existe una alternativa viable. En el
caso de la distribución se sitúa en una horquilla entre los 5.000 euros y los
30.000 euros por local. En el caso de la restauración hablamos de 1.000
euros/año por local.
– En cuanto al impacto de la
imposición sobre el empleo, derivado del RD 16/2013 de medidas para favorecer
la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores, en su
disposición adicional tercera incrementa los costes de las cotizaciones en
conceptos que anteriormente estaban exentos. En Hostelería, además del
incremento de los costes salariales, significa la desaparición parcial o total
de una de sus fuentes de ingresos: los vales de comida. El incremento de costes
supone la desaparición del 40 por ciento del mercado de vales, y una pérdida de
facturación en torno al 2,5 por 100, con una consecuencia sobre el empleo de
12.000 puestos de trabajo.
– La distorsionadora carga
impositiva autonómica, que suman ya más de 70 tributos, genera altos costes
económicos y de gestión que se estiman en 1.300 millones de euros. Si bien su
importancia en términos de recaudación es mínima e insuficiente para corregir
el problema del déficit (sólo representan el 1,6 por 100 de los ingresos de las
CCAA), su impacto sobre la inversión y el empleo es muy dañino.
– Junto a estas medidas, destaca
el incremento de los peajes de acceso de las tarifas eléctricas marcados por la
orden IET/1491/2013 en un promedio de 125 por 100. Por lo que se refiere al
regadío, la factura de la luz se ha encarecido en una media superior al 80 por
100, con un incremento de los costes fijos –regulados- de más de un 1.000 por
100. A esto hay que añadir la propuesta gubernamental sobre la cogeneración,
que no solo paraliza este tipo de producción energética, sino que causa un
grave quebranto a las inversiones realizadas en los últimos años.
Respecto a la reforma fiscal, el
estudio que las organizaciones encargaron al Centro de Estudios Económicos
Tomillo (CEET), cuantifica el impacto que tendría un reposicionamiento de los
tipos de IVA pasando los productos del tipo reducido (10 por 100), al tipo
general (21 por 100), de la siguiente manera: una caída de la producción de
16.032 millones de euros; una destrucción de 155.295 puestos de trabajo; una
disminución de ingresos públicos de 2.183 millones de euros, y un aumento de
las prestaciones por desempleo de 556 millones de euros.
