En la jornada del 16 de abril el
Ejecutivo comunitario hizo públicos los resultados de los análisis realizados
para detectar carne de caballo en platos elaborados con ingredientes cárnicos
que, según su etiqueta, son vacuno. Los resultados muestran que un 4,66 por 100
de los productos cárnicos etiquetados como vacuno en la Unión Europea (UE)
contienen ADN de caballo.
Los resultados de estos análisis
también indican que aproximadamente el 0,6 por 100 de las muestras carne equina
analizadas en mataderos europeos contenían fenilbutazona (3.115 pruebas), un
antiinflamatorio prohibido en la cadena alimentaria.
El Gobierno de España adelantó
los resultados realizados en nuestro país una jornada y, a la vista queda, que
eran mejores que los de la UE ya que se detectó ADN equino sin etiquetar en un
4 por 100 de los casos y no ha habido positivos por fenilbutazona, lo que
descarta “problemas de seguridad alimentaria” en nuestro país.
Desde la Unión Europea también de
descarta un riesgo sanitario inmediato ya que, según el portavoz comunitario de
Sanidad y Consumo, Frédéric Vincent, habría que consumir una cantidad muy
elevada de carne de caballo vacunado con este fármaco.
Los países con mayores
porcentajes de incumplimientos por la presencia de ADN de caballo no etiquetado
han sido Francia con un 13,3 por 100 de muestras positivas y Grecia con un 12,5
por 100.
La Agencia de Control Alimentario
de Grecia ha explicado que “los países de origen de la carne bovina sin
procesar en la que se encontró ADN de caballo fueron básicamente Rumanía,
seguida de Polonia e Italia, mientras que los productos procesados (en los que
se encontró equino) habían sido producidos en Letonia, Francia, Rumanía y
Holanda”.
Salvo Chequia, Irlanda y Reino
Unido, en ninguna nación se han encontrado restos de fenilbutazona, siendo sólo
16 los casos positivos encontrados en la UE.
El Parlamento Europeo mostró su
más absoluta preocupación por el escándalo, pidió “reforzar los controles de la
carne de vacuno y de equino” y exigió “sanciones ejemplares para que no merezca
la pena jugar con los consumidores”.
El Pleno de la Eurocámara apoyó
la propuesta de implantar “sanciones proporcionales a los beneficios que
obtengan las empresas que violen las normas, para que no valga la pena cometer
un delito”. Los Eurodiputados solicitaron una reflexión sobre el sistema de
control “para que no sea rentable realizar estas prácticas”, que calificaron
como “actos delictivos”.
También se señaló que “cada vez
más Estados Miembros están pidiendo que se incluya en los envases el etiquetado
de origen”, petición que está en estudio por la Comisión y de la que anunció
que estará elaborado un informe en otoño de 2013. El Pleno también insistió en
la necesidad de “estudiar la implantación del etiquetado como medida para
recuperar la confianza de los consumidores” e incluso se propuso a la Comisión
que “sea obligatorio para los productos procesados y congelados”.
