Mauricio García de Quevedo, director general de FIAB, ha comparecido ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados para trasladar la posición de la Federación sobre el proyecto de reforma de la Ley 12/2013 de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.
Desde FIAB se ha propuesto la mejora de la Ley en cuanto a la inseguridad jurídica que genera el Coste Efectivo de Producción, concepto que conlleva muchas ambigüedades y es muy difícil de aplicar en la práctica.
“Esta medida plantea incertidumbre e inseguridad jurídica debido a toda la casuística que puede entrar en juego, como el propio cálculo de los costes, los cambios sobrevenidos en los precios o la eficiencia en la gestión de las producciones, además de obviar la realidad del mercado y los cambios entre oferta y demanda, entre otros muchos aspectos. Vemos una difícil aplicación práctica”, ha expuesto García de Quevedo.
Otro aspecto relevante puesto de manifiesto por FIAB es la importancia de que se regule adecuadamente la Venta a Pérdidas, incluyendo el último eslabón de la cadena, lo que garantizará la creación de valor en todos los eslabones de la misma.
En cuanto a los plazos de pago, desde la Federación se considera que la reforma de la Ley debe contemplar que los productos frescos que se venden para transformación puedan aumentar los plazos de pago hasta los 60 días como el resto de productos. El director general de FIAB también ha resaltado la importancia de dotar de competencia plena a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) como autoridad especializada de control de las relaciones comerciales de la cadena alimentaria.
FIAB recuerda que España fue pionera en Europa en aprobar la Ley de mejora del funcionamiento de la cadena, que fue aprobada en 2013 con el consenso de todos los eslabones, y que, desde su entrada en vigor, las relaciones comerciales han mejorado sustancialmente. “Para que esta reforma sea viable, aplicable y con garantía de éxito deben tenerse en cuenta todos los puntos de vista, los de los agentes públicos y privados. Es del interés de todos aumentar la competitividad todo el sector alimentario, lo que será beneficioso para la economía y el conjunto de la sociedad”, señala García de Quevedo.
