El Grupo Laboral de ANICE ha debatido sobre la dificultad del control horario de la jornada laboral en ciertos puestos de trabajo del sector cárnico, en vigor desde el 13 de mayo de 2019. Entre otras iniciativas, y dada su complejidad, se acordó trasladar esta cuestión a la Comisión Paritaria Sectorial, para pactar las medidas generales para el control de la jornada.
Esta obligación ha quedado recogida en el Real Decreto-Ley 8/2019, del pasado 8 de marzo, por el que se reforman varios artículos del Estatuto de los Trabajadores y se amplía la legislación vigente en materia de registro de jornadas, tanto para trabajadores a tiempo parcial, como para los trabajadores a tiempo completo.
Durante la reunión celebrada en la sede de ANICE, se explicaron las principales novedades que incluye esta disposición, y las empresas expusieron sus dudas y planteamientos al respecto, especialmente en cuestiones relacionadas con los trabajos a distancia, el teletrabajo, comerciales en calle, transportistas, etc., y sobre el control de los tiempos de desplazamiento y tiempos de presencia.
También se repasaron las directrices de la Inspección de Trabajo para verificar el cumplimiento de esta obligación. Entre ellas, que el registro horario debe estar en el propio centro de trabajo, no sirve con que este solo en la sede de la compañía o en empresas externas. Se destacó la necesidad de diferenciación entre horas de presencia y horas efectivas de trabajo.
En atención a la complejidad de todos los supuestos debatidos y ante la conveniencia de intentar buscar soluciones a nivel sectorial, los reunidos acordaron convocar una reunión de la Comisión Paritaria donde se intentarán abordar líneas generales para el control de la jornada.
El Grupo sigue igualmente con atención la evolución de los contenciosos en curso en torno a las Cooperativas de Trabajo Asociado, al tiempo que espera la próxima convocatoria de la Mesa de Diálogo sobre subcontratación, tan pronto esté formado el nuevo gobierno.
Paralelamente ANICE sigue trabajando para alcanzar acuerdos sectoriales con los sindicatos representativos, a fin de regularizar la subcontratación en el sector y dotar de mayor capacidad organizativa a las empresas.
