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Carne de Ávila, Guijuelo y Jamón de Huelva tendrán un marco jurídico único

Se
ha aprobado un proyecto de Ley de Denominaciones de Origen e Indicaciones
Geográficas Protegidas
, cuyo ámbito territorial se extiende a más de una
Comunidad Autónoma en el pasado Consejo de Ministros con el objetivo de ofrecer
un marco jurídico único, moderno y compatible con la legislación comunitaria
para el desarrollo de estas figuras de protección. Dentro del sector cárnico
entrarían dentro de este proyecto de Ley: Carne de Ávila, Guijuelo, Jamón de
Huelva
y Cordero Segureño.

Con
esta finalidad se establece, para todas las DOP o IGP supra-autonómicas, tanto
presentes, como futuras, un régimen jurídico idéntico, independientemente del
tipo de producto que regulen con unos criterios comunes en cuanto al
procedimiento para su reconocimiento, protección, control y la regulación de su
gestión.

Paralelamente
se potencian instrumentos de cooperación entre las Administraciones públicas, a
partir de las experiencias desarrolladas en los últimos años, facilitando el
desarrollo conjunto de actuaciones con la finalidad de lograr una utilización
más eficiente de los recursos. Además, se regula la protección desde la
producción a la comercialización, presentación, publicidad, etiquetado así como
su utilización como nombres de dominio en internet.

A
su vez, se reconoce y refuerza el papel de los Consejos Reguladores como
órganos de gestión de las DOP e IGP y de colaboración de la administración,
para el adecuado desarrollo de estas figuras. Para ello se les dota de una
personalidad jurídica propia y de un sistema de funcionamiento basado,
fundamentalmente, en el derecho privado.

En
la norma se crean nueve Corporaciones de Derecho Público para todos los Consejos
Reguladores existentes, los cuales han comunicado su voluntad de acceder a esta
fórmula (Cane de Ávila, Guijuelo, Jamón de Huelva, Cava, Rioja, Jumilla,
Idiazábal, Espárrago de Navarra y Calasparra).

En
lo que respecta al control oficial se ofrece un modelo compatible con la
normativa comunitaria y que ofrece seguridad jurídica a los operadores. En este
sentido se otorga a la Agencia de Información y Control Alimentarios del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, funciones de control
oficial.

Además,
también se recoge la posibilidad de delegar tareas específicas de control en
organismos de certificación de producto.

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